CASTELLÓN. La Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castellón se ha convertido en las últimas semanas en arma arrojadiza entre los socios del Pacte del Grau. El último en mover ficha ha sido el grupo socialista en el Ayuntamiento, que, ante la presión de Compromís y Castelló en Moviment (CSeM) para retirar el monumento, insta al "órgano municipal competente" a cumplir "de manera inmediata la Ley de Memoria Histórica" y eliminar, no solo la cruz, sino "todos los vestigios históricos del franquismo". Con esta petición busca dejar clara su postura respecto a los símbolos de la dictadura después de que sus socios de gobierno hayan puesto en entredicho el papel de los socialistas en este asunto.
Hace un par de semanas Compromís elevó el debate al ámbito estatal presentando a través de sus parlamentarios iniciativas en el Congreso y en el Senado para pedir la retirada de la cruz del Ribalta. Este gesto tensionó al bipartito, pues ponía en cuestión la voluntad del grupo socialista a la hora de hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica. El argumento de los socialistas para dejar en suspenso de momento la remoción es que hoy por hoy no existen garantías legales que permitan llevarla a cabo sin exponerse a represalias en los tribunales. La incertidumbre legal radica en el informe de la Conselleria de Justicia, solicitado por la Concejalía de Cultura, donde dice que debe constatarse "fehacientemente" que la cruz sigue utilizándose para "manifestaciones y concentraciones de exaltación franquista". El documento señala también que la retirada es una decisión "política" y "discrecional", por lo que en el grupo socialista creen que el informe no aporta el respaldo jurídico necesario para llevar adelante el proyecto, sobre todo, teniendo en cuenta que desde los años 80 no hay constancia de actos de homenaje a la dictadura en el monumento.
En Compromís no comparten las reticencias, es más, las interpretan como meras "excusas". Así lo manifestó recientemente la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, quien restó importancia al informe y subrayó lo que sostiene el Comité Técnico de Expertos al que consultó la conselleria: que el monumento sigue siendo un símbolo de la dictadura. No existen, por tanto, tal y como también refleja el informe, ninguna de las excepciones contempladas en la ley para no proceder a su retirada.
Así las cosas, CSeM ha entrado en escena y ha presentado una moción para el pleno de este jueves en la que pide la retirada "inmediata" de la Cruz de los Caídos. Advierte de que el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica "podría tener consecuencias penales para este ayuntamiento, una vez determinado que se trata de un monumento de exaltación franquista". Además, la agrupación de electores resta importancia a la resignificación que se llevó a cabo en 1979 por parte del consistorio y que supuso cambiar la inscripción del monumento y dedicarlo a todas las víctimas de la violencia. "Si bien es cierto que con la represión del todavía vigente régimen franquista se quiso maquillar el significado de esa Cruz de los Caídos, la realidad es que su simbolismo sigue asociado a lo que nunca dejó de ser: un homenaje a los que lucharon a favor de Franco", señala la formación.
Ante la petición de CSeM, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la moción que supone un órdago a sus socios, pues insta al "órgano municipal competente a que cumpla de manera inmediata la Ley de Memoria en lo referente a la eliminación de todos los vestigios históricos del franquismo en la ciudad", no solo el del Ribalta. Para los socialistas, "Castelló tiene que desprenderse del vínculo con un régimen dictatorial que asesinó en la provincia a casi 2.000 personas, en su mayor parte militantes de partidos políticos de izquierdas, fusilados en las tapias del Río Seco después de penosas cautividades en la prisión provincial".
Por ello, según la enmienda del PSPV, "las decisiones políticas antidemocráticas adoptadas por el Ayuntamiento en el periodo 1938-1975 tienen que anularse en el mismo foro en el cual fueron aprobadas" y, advierte, "de acuerdo con las disposiciones y exigencias legales vigentes y con todas las garantías que exige el procedimiento administrativo". De esta manera, pone énfasis en el respaldo jurídico con el que debe contar el consistorio para retirar el monumento.
Además, intenta despejar toda duda sobre su postura, al recordar que "el PSOE ha sido el partido que más iniciativas ha promovido en el ámbito municipal de Castellón para acabar con el lastre del franquismo" y que la Ley de Memoria Histórica "fue aprobada por el Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero".
La cuestión se ha tratado este lunes en la junta de portavoces. El líder de CSeM, Xavi del Señor, asegura en declaraciones a este diario que ha presentado la moción para "desencallar el asunto, después del juego de despiste del gobierno". A su juicio, el grupo socialista no ha ejecutado la retirada de la cruz por "cobardía probablemente electoralista, ya que el tema es conflictivo". Además, considera que las reticencias legales a las que aluden no son más que "una cortina de humo" con la que pretenden "dilatar en el tiempo esta cuestión hasta que pasen las elecciones".
Para Del Señor, los socialistas buscaban con su enmienda "diluir" el debate sobre la cruz, al "meterlo todo en un mismo saco". Por ello, ha pedido que en el texto se recoja "específicamente" que uno de los vestigios a retirar es el monumento del Ribalta. Así lo han acordado ambos grupos, por lo que, salvo sorpresa, la enmienda socialista a la moción de CSeM saldrá adelante en el pleno.
La propuesta de los socialistas alude al "órgano municipal competente" que, según la enmienda, debe hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica. Tras esta expresión genérica subyacen ciertas discrepancias, pues para el grupo socialista la ejecución de la retirada depende de la Concejalía de Cultura, de Verònica Ruiz, cuyo departamento ha dado los primeros pasos en el proyecto solicitando informes técnicos y se ha hecho cargo de otras iniciativas sobre memoria histórica como las exhumaciones de fosas. Para Compromís, sin embargo, la competencia recae en la Concejalía de Ordenación del Territorio, del socialista Rafa Simó, al tratarse de un elemento urbano.
El impulsor de la moción, CSeM, no entra a valorar qué departamento debe ejecutar el proyecto, pero sí subraya que es la alcaldesa, Amparo Marco, quien tiene "la responsabilidad última" sobre la remoción del símbolo franquista.