La portavoz del PP, Begoña Carrasco, durante su última comparecencia pública en la sala de prensa del pleno.CASTELLÓ. Como el perro y el gato. Así andan el PSPV-PSOE y el PP de Castelló desde que se convocaran oficialmente las elecciones generales del 10N. El cruce de reclamaciones ante la Junta Electoral de Zona para evitar que unos, desde el gobierno, y otros, en la oposición, saquen rédito plebiscitario con sus comparecencias públicas ha llegado a un punto sin retorno y que, además, les deja en las mismas condiciones.
Por resolución de la Junta Electoral Provincial, contra la que no cabe recurso alguno, ninguno de los dos grupos municipales podrá realizar ruedas de prensa para promocionar sus logros o ejercer el rol de fiscalizador sobre la gestión local en lo que queda de campaña. Al menos, con recursos institucionales. Dicho de otra manera, utilizando la sala contigua al plenario, una plataforma que siempre refuerza y visibiliza el mensaje en representación del Ayuntamiento.
El Partido Popular se colgó la medalla de ser el primero en conseguir que incluso el equipo de gobierno suprimiera las comparecencias de su portavoz, Rafa Simó, para dar cuenta de los acuerdos tratados en la Junta de Gobierno de los jueves.
El apercibimiento al concejal socialista y a la alcaldesa, Amparo Marco, con aviso de la apertura de un expediente sancionador por reincidencia, obligó al Acord de Fadrell a tomar esa decisión esta misma semana.
Ahora es el PSPV el que paga al PP con la misma moneda, impidiendo sus intervenciones los lunes en el mismo escenario. Si en el caso anterior, la Junta Provincial entendió que el 'autobombo' vulneraba el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en esta ocasión "requiere al Grupo Municipal del PP a que se abstenga de realizar actos similares" por contravenir varios preceptos.
En una extensa argumentación, el órgano responsable de velar por que se cumplan las mismas reglas del juego para todos los partidos advierte que los populares, empleando medios públicos institucionales, violan varios artículos de la Constitución. Del mismo modo, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ese quebrantamiento también tiene efectos sobre la citada LOREG al infringir "el principio de neutralidad que comporta, a su vez, la quiebra del principio de igualdad".
En definitiva, tanto el Acord de Fadrell como el PP, más allá de evitar los recursos públicos, deberán hilar muy fino a la hora de realizar manifestaciones en los próximos días. La consecuencia de soslayar la ley será una sanción económica para el infractor.
