CASTELLÓ. El nuevo decreto para la movilización de viviendas vacías, aprobado por el Consell el 1 de octubre, faculta al Ayuntamiento de Castelló para aplicar en 2022 el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no solo a los grandes tenedores de inmuebles, sino también de locales comerciales (más de 10 propiedades). Siempre que esos establecimientos tengan la consideración de uso urbano, el consistorio podrá imponer el gravamen. Para las asociaciones de comerciantes, la medida provocará un abaratamiento de los alquileres.
Según el vicepresidente de Confecomerç, Mauro Gómez, en la actualidad arrendar un bajo en el centro significa desembolsar al mes entre 500 y 2.000 euros, dependiendo de la localización y los metros cuadrados. Esos precios disminuyen ostensiblemente si se trata de espacios ubicados en distritos menos céntricos. Las cuantías oscilan entre los 300 y los 900 euros, como señala la portavoz de Comerços del Raval, Inma Molina.
El problema radica en la especulación. La presidenta de Espai Comercial, Charo Broncal, asegura que "en el centro hay muchos propietarios con varios locales que prefieren tenerlos cerrados antes que alquilarlos. No les hace falta, con lo que los precios no bajan".
Debido a la covid-19, entre un 10 y un 15% de los negocios se han visto obligados a bajar la persiana. El sector más golpeado ha sido el textil. Tiendas de ceremonia o indumentaria tradicional no han aguantado la crisis. Otros que sí que han esquivado la pandemia lo han logrado gracias a las ayudas de la administración o, en el caso de los alquileres, a la flexibilidad de los titulares. "Ha habido propietarios que han negociado y han dado facilidades, lo que ha permitido salir adelante", indica Molina.
Las asociaciones de comerciantes esperan que, con la aplicación de los recargos del IBI, la apertura de nuevos negocios se dispare a partir del próximo año al descender el alquiler. No es el único factor que consideran esencial para recuperar las cifras de antes de la pandemia. "La reactivación también pasa por medidas como las impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló", subraya Gómez en alusión al Bono Comercio que arrancará la semana próxima. La campaña, hasta el 25 de noviembre, permitirá repartir tarjetas por importes de 20, 50 y 100 euros hasta completar un presupuesto de 214.000 euros.
Aquellos clientes que soliciten los vales tendrán la posibilidad de adquirir productos a mitad de precio, ya que la diferencia hasta el 100% del valor la asumirá el propio consistorio con esos vales. Los negocios canjearán los bonos a través de Confecomerç.
"Queremos que los clientes vuelvan a confiar en nosotros", indica Gómez, quien confía en que "los bonos funcionen igual de bien que en otras ciudades". Para adquirir las tarjetas (una máximo de dos por persona), se habilitará una página web. Además, los comerciantes facilitarán las gestiones a aquellos ciudadanos poco habituados al uso de las nuevas tecnologías.