CASTELLÓ. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dilatará medio año la resolución acerca del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Castelló sobre la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. Según fuentes de la concejalía de Memoria Democrática, el fallo se conocerá en el primer semestre de 2020, teniendo en cuenta que la apelación se presentó en julio y que agosto se considera un mes inhábil.
En consecuencia, el plazo empezó a contar desde principios de septiembre, con lo que, en el mejor de los casos, habría noticias en febrero, siempre con esa referencia de los seis meses.
La alegación del consistorio solicita la suspensión de la paralización cautelar decretada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la capital de la Plana, a raíz de una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos.
Dependiendo de lo que decida el TSJCV, todavía habrá que esperar más tiempo para que el pleito se solvente en un sentido u otro, ya que desde el colectivo anuncian nuevas acciones en el supuesto de que la sentencia resulte contraria a sus intereses. En otras palabras, será improbable que se produzca un laudo firme antes de Semana Santa.
No obstante, desde Abogados Cristianos existen ciertas dudas al respecto de la existencia del recurso del Ayuntamiento ante el máximo órgano del poder judicial en la Comunitat Valenciana. El servicio jurídico, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna sobre la apelación, tal cual informan a Castellón Plaza.
En este contexto, la asociación recuerda que a finales de 2018 formalizó la demanda ante el Contencioso-administrativo y que unos meses después el Ayuntamiento remitió alegaciones previas. Abogados Cristianos hizo uso de su derecho a réplica y contestó a las argumentaciones expuestas por parte de los técnicos municipales.
La magistrada emitió un auto judicial el 26 de marzo, dando la razón al denunciante al decretar la suspensión cautelar. Un informe posterior del secretario general del Ayuntamiento, con fecha de 24 de mayo, acordó interrumpir el procedimiento iniciado por la concejalía de Cultura para retirar el símbolo franquista del parque Ribalta.
Durante el tiempo que transcurrió entre la sentencia administrativa y el dictamen del funcionario, la también titular de Memoria Histórica (ahora Democrática), Verònica Ruiz, trató sin éxito de acelerar el decreto de ejecución del derribo de la Cruz de los Caídos. El litigio judicial y la cercanía de las elecciones municipales se convirtieron en dos obstáculos insalvables para la munícipe. El bloqueo derivó finalmente en la interposición del recurso ante el TSJCV, del que la Asociación de Abogados Cristianos insiste en desconocer su existencia.
