La Cruz de los Caídos del Parque Ribalta. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. Para lo bueno y para lo malo agosto está marcado en rojo en el calendario laboral. Tradicionalmente considerado el mes de las vacaciones estivales, tiene una especial trascendencia según qué sectores profesionales. Por ejemplo, en el judicial es sinónimo de inactividad. Se trata, en realidad, del único periodo del año considerado inhábil. Y para el Ayuntamiento de Castelló eso representa una contrariedad a propósito de su litigio con la Asociación de Abogados Cristianos por el derribo de la Cruz de los Caídos.
El contratiempo condicionará los plazos acerca del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la paralización cautelar decretada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castelló, atendiendo a la denuncia interpuesta por la citada asociación civil.
Ahora mismo desde la Concejalía de Memoria Democrática se desconoce cuándo habrá alguna novedad al respecto. Tampoco desde el TJSCV. Todo dependerá de la diligencia (o mejor dicho, de la carga de trabajo) de la sala responsable de estudiar la apelación del Ayuntamiento. Parece poco probable que en septiembre pueda haber noticias, por lo que la resolución definitiva sobre la cruz de Ribalta se demorará todavía unos meses.
Lo que resulta evidente es que la "eliminación" del "símbolo franquista", término empleado en el punto 240 del Acord de Fadrell para referirse al vestigio, forma parte de las prioridades del tripartito para encarar el arranque del nuevo curso político. Resueltas cuestiones como el topónimo de la ciudad, la Cruz de los Caídos y el Plan General se vislumbran como los temas estrella de la primera mitad de la legislatura.
La titular de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, pondrá el mismo empeño que antes del 26M por zanjar un asunto que considera de justicia, como ocurre con las exhumaciones. Hasta la semana previa a la celebración de las elecciones municipales trató sin éxito de cerrar la tramitación administrativa. Su objetivo era entonces firmar el decreto de ejecución, lo que habría facilitado el inicio de las obras para después del verano. "Como es un tema que crea controversia, no quiero dejárselo a nadie", llegó a declarar a principios de abril. Sin embargo, el recurso ante el TSJCV, a consecuencia de la paralización cautelar, trastocó por completo los planes de la concejala.
En estos meses solo se ha podido avanzar con las 39 alegaciones presentadas sobre el derribo de la cruz de Ribalta, la gran mayoría en contra (22 frente a 11 a favor). Muchas no han requerido de excesivo razonamiento jurídico para su contestación. Otras, sin embargo, sí debido a la complejidad legal. No obstante, el verdadero obstáculo para el Ayuntamiento de Castelló estriba en el procedimiento judicial. El fallo del Tribunal Superior de Justicia marcará los siguientes pasos a seguir para proceder a la retirada del símbolo franquista del parque Ribalta.
