El Supremo admite los dictámenes que instan al Estado a pagar a los bancos del almacén Castor

CASTELLÓ. El Tribunal Supremo ha admitido tres escritos remitidos por los bancos implicados en la financiación del fallido almacén de gas Castor para tratar de desbloquear el cobro del dinero que aportaron al proyecto. Según ha publicado Expansión, la sala de lo contencioso-administrativo, donde se dirime la denuncia que Santander, Caixabank y Bankia presentaron en su día, ha admitido junto a los escritos de las entidades financieras los dictámenes del Consejo de Estado en que este organismo instó al Gobierno a pagar a los bancos y a Enagás (que no se ha personado ante el Supremo) la deuda por el almacén ubicado frente a la costa de Vinaròs y del que recientemente el Gobierno ha aprobado su sellado definitivo.

En septiembre, el Consejo de Estado urgió a Moncloa a hacer frente "con premura" al abono a los bancos y a Enagás de la deuda contraída con ellos por el rescate del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que en el caso de las entidades financieras asciende a 1.350 millones de euros, más los intereses. Antes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya había solicitado la devolución de los pagos que había comenzado a abonar el Ejecutivo estatal. 

Y es que los pagos a estas entidades financieras fueron paralizados a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que tumbó el real decreto ley aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de los 1.350 millones de euros por el fiasco del proyecto promovido por ACS, la constructora de Florentino Pérez.

Con cargo a los consumidores

Tras todo ello, en sus dictámenes, como publicó Europa Press hace ahora dos meses, el Consejo de Estado subrayó este verano que la nulidad de los pagos, de la que se mostró a favor, "no comporta" que no les corresponda a los bancos y a Enagás (por la administración, mantenimiento y conservación del almacén submarino) percibir sus indemnizaciones. 

Eso sí, estas se deben materializar "con cargo al sistema gasista y no a la Administración General del Estado". Es decir, que en última instancia deberían ser los consumidores los que abonaran la cuantía. Ahora, los bancos han remitido estos documentos al Supremo para agilizar sus cobros.