CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló clausuró el Oktoberfest por un tema de seguridad y no por falta de autorización, como señaló inicialmente el portavoz del ejecutivo, José Luis López, este jueves en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. El decreto de suspensión se originó a raíz de un control rutinario de la Policía Local el mismo día que se produjo la avalancha, el lunes 11 de octubre, tal cual aclaran fuentes municipales. Como consecuencia de esa inspección, se comprobó que la promotora carecía del correspondiente permiso para ocupar el antiguo recinto de ferias y mercados al no haber pagado todavía la tasa.
El boletín de denuncia se remitió al departamento de Vía Pública, dependiente de la Concejalía de Actividades, que inició el procedimiento administrativo, en el que incorporó posteriormente el episodio de aquella noche. Las mismas fuentes apuntan que este suceso pesó más que el impago para ordenar el cierre de la instalación el 15 de octubre, aunque ambos figuran en el expediente.
Unas horas antes de matizar el motivo que prevaleció para tomar la decisión de cancelar el evento, López subrayó en rueda de prensa que el cierre se debió a que "la carpa no estaba autorizada. Faltaba el pago de las garantías. En cuanto fuimos conocedores de esa situación, actuamos", señaló.
Según explicó la promotora (MITA) a Castellón Plaza, la tasa de 15.600 euros se abonó el 13 de octubre, dos días después de la visita de la Policía Local. Aunque la organización reconoció que en ese momento no disponía de la autorización de ocupación de dominio público, subrayó que la declaración responsable aprobada por el Ayuntamiento le facultaba para montar, a la espera de culminar la tramitación administrativa, que en ocasiones se retrasa.
El Oktoberfest vivió un incidente "excepcional para Castelló", como calificó López, la noche del 11 de octubre. Debido a la gran afluencia de público, colándose incluso algunas personas a través de las vallas, la organización se vio obligada a desalojar la carpa. Además, ante las dificultades para garantizar la seguridad, dio avisó a la Policía Local, personándose también la Nacional. "Era responsabilidad de la seguridad privada de ese recinto los controles de acceso y no del Ayuntamiento", precisó el portavoz del gobierno municipal.
Ese incidente, según insisten fuentes municipales, influyó de manera decisiva en la posterior resolución respecto a la clausura. La promotora anunció que la cancelación del evento se produjo "por razones ajenas a su voluntad", mediante resolución de la concejalía de Actividades. En un comunicado el 15 de octubre, MITA se disculpó por "todos aquellos inconvenientes que esta ajena decisión pueda suponer a nuestro público y seguidores".
En la comparecencia de este jueves, y ante el incumplimiento de la organización acerca de la autorización, López afirmó que "el Ayuntamiento hará lo que tenga que hacer. Lo que establezca la norma", en alusión a una posible sanción. "En la tramitación había cuestiones que no estaban correctas y, en base al expediente administrativo y a una cuestión de seguridad, se notificó a los promotores que no se podía seguir con la actividad", agregó para concluir.
