VALÈNCIA. La aceleración de la implantación de las energías renovables sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno valenciano. Y es que en la Comunitat Valenciana únicamente hay instalados 1.600 MW de los 10.000 MW que se ha fijado como objetivo para cumplir con la transición energética en 2030. Pero, además, como ha venido criticando el sector, existen a día de hoy más de 300 expedientes 'atascados', lo que está impidiendo su desarrollo.
Con este horizonte, la Generalitat Valenciana se ha propuesto darle un nuevo impulso a través de un decreto ley que acelere su puesta en marcha. Así lo anunciaba días atrás el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pero el camino no está siendo sencillo. Existe más de un frente abierto interno que estaría dificultando una norma que persigue desatascar el tapón actual, especialmente en un momento en el que la escalada del precio de la energía sigue la senda alcista.
Este mismo martes, el jefe del Consell, tras reunirse con los sindicatos y la patronal CEV, se mostraba "absolutamente de acuerdo" en limitar los precios de la energía y ya avanzaba que a nivel autonómico se trabaja en un paquete de medidas para dar un "impulso decidido" a las energías renovables y reducir el gasto energético en la administración. Por tanto, más allá de aligerar el desarrollo de los proyectos, el decreto podría contemplar otro tipo de medidas para un mayor impacto en la autonomía.
De hecho, el propio Puig deslizaba la posibilidad de que en el pleno del Consell de este viernes no salga adelante la nueva normativa, como se anunció en un primer momento, precisamente porque se está a expensas de la respuesta de España y la UE. Una decisión que evidenciaría que se quiere ir más allá.
En este sentido, algunas fuentes señalan que este 'macrodecreto' -como algunos altos cargos lo definen- tendría una parte de regulación legal, que iría dirigida principalmente a flexibilizar y agilizar los paso administrativos para la implantación de plantas renovables, y otra referida a las ayudas directas en el ámbito energético. En el primero de los casos, las dificultades se centran en que se produzca un acuerdo entre las distintas patas del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Respecto al segundo, se está a la espera de la ayudas que puedan definirse desde el Gobierno central y las instituciones europeas para avanzar en el texto.
En líneas generales, distintas fuentes del Consell coinciden en que la tramitación para la implantación de una planta de energía renovable es demasiado compleja, dado que pasa hasta por tres consellerias (Economía, Territorio y Transición Ecológica); por lo que las medidas que se estudian se dirigen a agilizar este proceso. Además, en lo referente a los cambios legales, las modificaciones se centrarían en la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje (Lotup), como por ejemplo en lo que se refiere a las limitaciones de espacio máximo permitido que una planta de renovables podría ocupar. Un punto que los socialistas estarían dispuestos a ampliar o flexibilizar, aseguran las fuentes consultadas.
Otro punto de fricción entre los distintos partidos se centra en el papel de los municipios y la capacidad de decisión -tanto a favor como en contra- en la implantación de las plantas.
Por otro lado, según varias fuentes consultadas por este diario, uno de los principales escollos se encontraría en la Dirección General de Paisaje -en manos de Compromís al igual que la Secretaría Autonómica de Política Territorial- de la Conselleria de Territorio, que en cambio se encuentra liderada por el PSPV. Sería en esta área donde se encontraría uno de los principales atascos administrativos en el proceso de salida de los proyectos, por discrepancias en los criterios a seguir.
No obstante, preguntada al respecto, la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisage, Rosa Pardo, asegura que en su departamento se está trabajando en la materia con "criterios objetivos y racionales" en materia de renovables. "Todos coincidimos en que tenemos que avanzar con las energías renovables, pero siendo cuidadosos con el entorno y el paisaje y en ello estamos todos trabajando en esta dirección. Pero nunca llueve a gusto de todos", insiste.
En este sentido, explica que en su departamento cuentan con 118 expedientes en tramitación con una potencia de 2.536 MW, de los que 18 proyectos se han resuelto favorablemente y suponen 435 MW. Pero, además, señala que el servicio de gestión territorial estima compatibles otros 500 MW aproximadamente y la Dirección General de Paisaje, otros 90 MW.
"De los expedientes que salieron antes de 2022 a información pública y falta algún informe nuestro son 22. Por tanto, eso no es ningún bloqueo", subraya, para recordar que existen municipios como Chella, Anna, Godelleta o Fontanars del Aforins que han suspendido las licencias municipales. En esta línea, asegura que se intenta "cumplir con los plazos", aunque reconoce que la cascada de proyectos está dificultando su salida. "Hemos procurado dotarnos de personal y somos el triple que cuando empezamos. Quizás no lleguemos estrictamente a todo, pero informamos con agilidad, aunque es verdad que hay mucho trabajo", admite.
Todo ello ha llevado a la Generalitat a poner en marcha la maquinaria. Y es que, según criticaba hace unas semanas la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) en los últimos años la puesta en marcha de instalaciones de energías alternativas en la Comunitat Valenciana ha sido residual. Según sus datos, en el último lustro únicamente se han construido para una potencia de59 MW en la autonomía frente a los 2.071 MW instalados en Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con similar radiación solar. Por ello, desde el sector también se ha venido reclamando un impulso para no quedar atrás en la transición energética que marca Europa.
