El Botànic sigue atascado con las renovables

VALÈNCIA. Dice el refranero español que "las cosas de palacio van despacio", pero con la tramitación de las renovables la demora de la Administración valenciana va un paso más allá. No solo el sector denuncia el "atasco" de los proyectos pendientes de autorización, sino que dentro del propio Consell hay autocrítica y se admite la necesidad de agilización. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo ha manifestado en varias ocasiones tildando de "mejorable" el proceso. Y es que las cifras hablan por sí mismas.

De las 395 solicitudes que se han presentando desde el inicio de la legislatura, es decir, desde 2019, se han resuelto 114, mientras que 281 siguen tramitándose, según datos de la Conselleria de Economía. De las resueltas, solo 43 han recibido luz verde, mientras que 35 se han denegado por diferentes motivos y otras cuatro están en consultas previas. 

Las 32 peticiones restantes han decidido finalmente desistir del proyecto y no seguir adelante, según los mismos datos. De hecho, son varias las empresas que se han quejado de los dilatados ritmos de la Administración. Incluso, algunas ni siquiera se plantean su implantación en tierras valencianas por esta lenta burocracia en la que participan las Consellerias de Medio Ambiente, Economía y Territorio. 

Y todo ello mientras Europa ha fijado para 2030 unos objetivos de descarbonización que implican, según la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, llegar a ese años con 10.000 MW instalados, tanto de eólica como fotovoltaica, para conseguir la autosuficiencia energética. 

Ante este escenario, lo cierto es que el pasado mes de abril el Consell aprobó un decreto para paliar los efectos de la invasión de Ucrania, que incluía medidas para acelerar la instalación de plantas de energía fotovoltaica y eólica. La norma, conocida como decreto ómnibus , recogía, entre otras cuestiones, la agilización normativa para las plantas de menos de 10 megavatios, que tendrán una tramitación de urgencia. También, una mayor participación de los ayuntamientos a través de la realización de informes para las instalaciones que generen menos de cinco megavatios, además de favorecer la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública. 

No obstante, sus efectos, a priori, tampoco parecen haber sido los perseguidos por la Administración valenciana. Solo en los primeros cinco meses desde su entrada en vigor se resolvieron nueve proyectos, de los que cinco de ellos se desestimaron, principalmente por motivos de incompatibilidad paisajística. 

Así, de las cerca de 40 solicitudes de autorización de parques fotovoltaicos que entraron a la Administración valenciana desde abril, se resolvieron hasta septiembre nueve expedientes, cuatro a favor y cinco en contra, principalmente en Elche y la zona de Requena-Utiel. Las instalaciones denegadas sumaban una potencia total de cerca de 15 MW, según cifras de la Conselleria de Economía.

240 MW, pendientes

Ante este situación, hace unas semanas, la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, avanzó a principios de noviembre en una comparecencia en Les Corts que la Dirección General de Paisaje, dependiente de su departamento, iba emitir informes favorables "en los próximos días" de nuevas plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana, que sumaban una potencia total de 240 MW. 

"Lo hemos manifestado desde todas las Consellerias: la agilidad de las renovables es un objetivo de esta legislatura y lo vamos a demostrar", reivindicó Torró en la Cámara valenciana. No obstante, los técnicos siguen evaluando los proyectos, según fuentes de Territorio. 

Fractura en el Botànic

El ataco de las renovables también ha saltado al plano político fracturando a los socios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem. Y todo ello por las discrepancias existentes sobre la reforma de la ley de Acompañamiento de 2023 en materia de renovables. Lo cierto es que el decreto ombinus iba acompañado de un acuerdo político en el que el tripartito se comprometía a modificar varias leyes que permitían esa agilización para instalar renovables en el territorio. 

En aquel pacto, suscrito en mayo, se concretaban varios aspectos a reformar y dos resultaban especialmente claves: por un lado, el papel que juegan los ayuntamientos de la Comunitat cuando una empresa busca implantar energías renovables en su municipio. Pero esta pasada semana el PSPV se desmarcaba provocando la división y que cada partido haya presentado enmiendas diferentes.

Y desde el sector privado exigen agilidad. Así, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) exige poner fin al atasco burocrático con "una actuación más responsable por parte de los partidos políticos" que "ponen límites a las renovables". "Hay demasiados en juego como para perder la oportunidad de ser más sostenibles que nos ofrecen los fondos europeos sólo por una cuestión de ideología", denunciaba el presidente de la CEV, Salvador Navarro. 

Según los datos de la patronal, la Comunitat incrementó su potencia instalada en energías renovables a lo largo de 2021 tan sólo en 43 MW, y, en lo que llevamos de 2022, en 6 MW, cifras que contrastan con las de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura, que han visto crecer su potencia instalada en renovables en más de 2.000 MW, o Aragón y Andalucía, en más de 1.000MW. 

La CEV denuncia "el bloqueo"

Por ello, la CEV critica "el bloqueo" por parte de algunas Consellerias, que, a su juicio, "actúan en clave electoral y están impidiendo no sólo frenar el deterioro medioambiental, sino rebajar la factura energética, lo que favorecería la moderación de la inflación y un mayor dinamismo de la economía2. 

De hecho, los últimos datos de generación energética de Red Eléctrica muestran que la participación de la Comunitat Valenciana en el crecimiento de la capacidad fotovoltaica instalada en España es testimonial. De los 6.423 MW conectados desde 2020, la Comunitat Valenciana solo aporta 46 MW, apenas el 0,7% de la nueva capacidad solar. Por tanto, con el despliegue actual, la autonomía tardaría 92 años en conseguir esa autonomía energética.

También los datos de la patronal Avaesen apuntan al retraso que lleva la Comunitat en esta materia. En este sentido, en los últimos cinco años únicamente se han construido instalaciones para 59 MW en la Comunitat Valenciana frente a los 2.071MW instalados en Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con similar radiación solar. Un retraso que no solo pone en jaque inversiones millonarias, sino la autosuficiencia energética en plena escalada de precios.