VALÈNCIA. (EP) El decreto ley que reforma el sistema público de pensiones se someterá este jueves a votación en el Pleno del Congreso y el Gobierno de coalición cuenta ya con los apoyos suficientes para su convalidación, al margen de lo que finalmente decidan votar el PP y Vox.
Y es que, a los 154 votos del Gobierno de coalición, ya se ha anunciado que, al menos, se sumarán los trece de ERC, los cinco de Bildu, los cuatro de PDeCAT y los tres de Más País y Compromís, lo que suma por encima de la mayoría absoluta. A estos apoyos podría sumarse también el PNV, que se debate entre la abstención y el sí.
Además, la promesa del Gobierno es tramitar el decreto ley como proyecto de ley para dar la posibilidad de introducir cambios vía enmienda.
De hecho, el Gobierno ya ha prometido mejoras a sus socios. Con ERC ha pactado que las mujeres que se reducen su jornada para cuidar a un hijo coticen el 100% de su jornada anterior a la reducción durante todo el periodo de reducción. Y con Bildu se ha comprometido a elevar progresivamente las pensiones de viudedad hasta equipararlas con las contributivas en un plazo de cuatro años. Al PDeCAT le ha asegurado que la cuota de solidaridad será progresiva.
En lo que respecta al sentido del voto del PP, la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, apuntó que de entrada votarán que no si el Gobierno no ofrece más información al respecto, ya que a su juicio había remitido "un PowerPoint y un Excel".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha desdeñado estas críticas y ha asegurado que ha aportado "toda" la información de la reforma tanto al PP como al resto de grupos. "Ningún ministerio en la historia ha difundido tanto nivel de detalle", ha llegado a decir el ministro.
Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros no ha desvelado el sentido de voto final, pero sí ha indicado que "es muy difícil" que su partido apoye la iniciativa del Gobierno, porque consideran que "no garantiza en absoluto" el futuro de las pensiones en España.
En el lado de 'noes' se encuentra el BNG y Ciudadanos, que a través de su diputado Edmundo Bal calificó la reforma de "atraco" y de tener efectos nocivos para el empleo en España.
La reforma que plantea el Gobierno y que ya ha sido avalada por la Comisión Europea y las organizaciones sindicales se centra en elevar los ingresos del sistema para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de los 30 y los 40.
Este nuevo sistema, que entraría en vigor el 1 de abril salvo determinados preceptos del mismo, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.
Además, con la nueva reforma las mutuas colaboradas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.