El Congreso fija para el 12 de diciembre el debate de la Ley de Amnistía

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces del Congreso, que también ha fijado para el 13 de diciembre la primera sesión de control al Gobierno de esta legislatura, a la que sin embargo, no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ese día comparecerá en el hemiciclo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta de la crisis migratoria.

Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la ley de amnistía se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condiciones su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.

El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su "conformidad" con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate.

Plazos para la presentación de enmiendas

Tras lograr el aval del Gobierno, la Junta de Portavoces ha decidido este martes programar el debate de toma en consideración para el día 12. Una vez que el PSOE y sus socios le den vía libre para continuar su camino parlamentario, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad.

Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios. Los partidarios de la amnistía tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión). Esa opción permitiría dejar la norma aprobada en el Congreso antes de fin de año, pero no parece estar sobre la mesa.

Si finalmente no se solicita esta tramitación exprés, los grupos de apoyo al Gobierno cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero --inhábil a efectos parlamentarios-- para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.

Debatir en enero y, después, al Senado

Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.

Además, la Junta de Portavoces ha rechazado por mayoría el recurso presentado por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de calificar esa proposición de ley, una revocación que también pidió Vox.

Por otra parte, los grupos han incluido en el orden día de la próxima semana, concretamente para el jueves, el debate sobre la creación de las comisiones de investigación que los socialistas acordaron abrir con los independentistas catalanes.

Se trata de dos investigaciones registradas por Junts, junto con el PNV, relativas a los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017, y a la 'operación Cataluña' que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. De su lado, Esquerra (ERC) registró, acompañada de Bildu y BNG, la relativa al espionaje con el programa Pegasus.

Junts quiere demostrar el 'lawfare' y ampliar la amnistía

En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto 'lawfare' o 'guerra judicial' y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.

Precisamente esa mención al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.