Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado "con respeto absoluto a las consideraciones" y ha señalado que se han "incorporado comentarios" para "clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica".
"El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico", ha dicho la Sánchez.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, ha añadido que la ley "era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta".
"Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios", ha apuntado Belarra.
El retraso de la vuelta del texto, aprobado en primera lectura a finales de octubre, al Consejo de Ministros responde a la demora del CGPJ en la emisión de su informe preceptivo.
El Ejecutivo ha recalcado en varias ocasiones, incluido el Consejo de Ministros de este martes, que no se trata de un informe vinculante y se solicitó al órgano judicial para estudiar posibles interferencias con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sánchez ha comentado en la rueda de prensa que el Gobierno "entiende las funciones consultivas del CGPJ y cuál es el ámbito que tienen estos informes", por lo que el documento debía "circunscribirse a esos tres artículos".
No obstante, han tenido en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la ley, aunque estas no han sido "de carácter sustantivo". "Esas apreciaciones que han supuesto introducir alguna modificación se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento del Estado para regular esta materia", ha comentado la ministra. Sánchez ha aludido al artículo 149 de la Constitución Española, sobre las competencias exclusivas del Estado.
Por tanto, los cambios en el texto inicial están dirigidos a "entender ese respeto entre las competencias del Estado y las comunidades autónomas".
El CGPJ aprobó el jueves pasado el informe, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
Esta primera ley de Vivienda pretende abordar "la problemática de la vivienda en toda su dimensión", como ha señalado Sánchez.
La normativa busca garantizar el acceso a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria, proteger el parque público de vivienda social, dar alternativa a los desahucios o incentivar la movilización de los inmuebles vacíos, entre otras medidas. Sin embargo, el punto que ha resultado más polémico es la limitación del precio de los alquileres.
Los topes a las rentas se establecerán en las consideradas "zonas tensionadas", para lo que el Ejecutivo establece un plazo de 18 meses para fijar su limitación desde la entrada en vigor de la ley, una vez que se apruebe en el Parlamento.
Sánchez ha aclarado que ese año y medio de plazo es un "periodo máximo que no tienen que alcanzarse necesariamente" y confía en "reducirlo si es posible", aunque ha reconocido que será una tarea compleja establecer los valores de referencia, ya que hay comunidades que no disponen de los datos precisos. Belarra también ha insistido en que esos 18 meses es "el máximo".
"Esta ley es muy urgente y cuanto antes podamos tenerla en vigor, antes podrán las comunidades autónomas declarar mercado tensionado", ha agregado Belarra, ya que esa delimitación dependerá de las autonomías que quieran aplicarla.
Además, la ministra de Derechos Sociales se ha detenido a explicar las medidas de la Ley de Vivienda que más atañen a su cartera, como la de evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Belarra ha comentado que antes del procedimiento se deberá pedir una informe a los servicios sociales para saber si la familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Después, las comunidades autónomas tendrán un plazo de entre dos y cuatro meses para "buscar vivienda alternativa, no puede ser un albergue".
Para movilizar la vivienda vacía, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI de hasta el 150% para sacar ese inmueble al mercado para su alquiler o venta. La ley también contempla bonificaciones fiscales de hasta el 90% para los propietarios de viviendas que rebajen los precios de los alquileres.
Asimismo, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, la calificación indefinida de la vivienda protegida, la regulación de los parques públicos para evitar su enajenación o la definición de grandes tenedores, que se aplicará a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.
Sánchez ha insistido en que el proyecto de ley se remitirá al Congreso para su tramitación con carácter de urgencia. La ministra ha pedido "responsabilidad a los partidos políticos", sobre todo a los de la derecha, para que "se sumen a una Ley que es histórica y que beneficia a la inmensa mayoría de este país".
Belarra, por su parte, ha augurado que los partidos conservadores terminarán "asumiendo como propia la ley con el paso del tiempo" y ha advertido al Partido Popular de que en el futuro se van a replantear su negativa.
"Cuando los dirigentes del PP tengan en sus manos una herramienta para regular los precios, van a tener que responder a la ciudadanía y se lo van a tener que plantear", ha señalado la ministra de Derechos Sociales.
La ley contempla también que en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en esta zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.
Asimismo, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
