La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Foto: EUROPA PRESS/A.MARTÍNEZ.POOLVALÈNCIA (EP). El Gobierno aprobará este martes, 1 de febrero, la Ley de Vivienda, que incluye por primera vez el control de precios en las zonas más tensionadas. La aprobación se producirá más de un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debido a las demoras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la emisión del informe preceptivo sobre el texto.
El órgano judicial aprobó el jueves el informe, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". Tras conocerse el documento, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, insistió en que el Gobierno "no invade competencias autonómicas" con esta futura normativa y recordó al CGPJ que sus consideraciones debían ceñirse a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a los procedimientos de desahucio.
Sin ninguna objeción a esos tres artículos y ya con el informe preceptivo, pero no vinculante, Sánchez llevará el 1 de febrero al Consejo de Ministros "la primera ley de vivienda de la historia de la democracia", tras dos intentos fallidos.
El primero fue a finales de 2021, cuando la ministra aseguró que antes de que terminara el año el anteproyecto volvería al Consejo, tras su aprobación en octubre en primera lectura. Sin embargo, eso no fue posible a la espera, ya en esa ocasión, de que CGPJ emitiera su informe.
A comienzos de este mes, Sánchez volvió a anunciar la aprobación de la normativa de Vivienda en el Consejo de Ministros del 18 de enero pero volvió a encontrarse con la demora del CGPJ, que rechazó la propuesta de informe y designó nuevos vocales para la elaboración de un nuevo documento.
Los retrasos del CGPJ y los consiguientes aplazamientos de la vuelta del anteproyecto al Consejo de Ministros llevaron a Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, a cuestionar el compromiso del PSOE con la Ley de Vivienda.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, del ala morada de la coalición, lanzó a comienzos de esta semana una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos "más ambiciosos" de la futura Ley de Vivienda, ante el temor de que el PSOE se echara atrás.
Fuentes del Ejecutivo señalaron entonces que el temor de Podemos no estaba justificado y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que no había "ningún género de dudas al respecto" sobre el compromiso de los socialistas con la ley. Sánchez también ha recalcado esta semana que "no va a haber ninguna fisura" dentro del Gobierno a causa de la ley.
El Gobierno de coalición salvó con el acuerdo de la Ley de Vivienda el último escollo para que Unidas Podemos diera el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, de ahí la insistencia de los morados en lograr la aprobación del texto en el Consejo de Ministros.
El texto del anteproyecto de ley aprobado el pasado 26 de octubre pretende "configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar", como dijo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día.
La normativa incluye el control de precios en las zonas tensionadas. Así, las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de las zonas tensionadas, por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan las circunstancias.
La declaración de una zona tensionada implicará la articulación de un plan específico para orientar las actuaciones y revertir los desequilibrios. También se prevé un mecanismo excepcional de contención y bajada de precios en estas zonas.
El Gobierno pretende estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que irán del 50% al 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en esta zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.
No obstante, existirá una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley hasta que rija el índice de referencia de los precios en las zonas tensionadas.
Asimismo, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
La interferencia con el papel de las comunidades autónomas es uno de los puntos en los que más se detuvo el informe del CGPJ. A pesar de eso, Sánchez ha insistido en que la Ley no invade las competencias autonómicas y ha invitado a las autonomías a aplicar la normativa, aunque las dirigidas por el PP ya han expresado su rechazo en lo que concierne al control de precios en las zonas tensionadas.
Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del martes, se remitirá de manera "inmediata" a las Cortes. La ministra ha pedido "el máximo consenso posible" durante el trámite parlamentario para conseguir "una herramienta que beneficia a todo el mundo".
