VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado este jueves la segunda fase de la reforma de las pensiones, que contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.
La reforma, acordada con CCOO y UGT y rechazada por CEOE, se ha aprobado como Real Decreto-ley, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha abierto a tramitarla como proyecto de ley en el Congreso para que los diferentes grupos parlamentarios puedan negociar la introducción de enmiendas.
Esta segunda pata de la reforma de pensiones, que ha sido negociada con Bruselas y cuenta con el aval de Unidas Podemos, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de fondos europeos. Con ella se completa el paquete total de cambios en el sistema de la Seguridad Social adoptados en esta legislatura y recogidos en el Plan de Recuperación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno está "muy satisfecho" con esta reforma, en tanto que el ministro Escrivá ha subrayado que esta norma "culmina la modernización" del sistema de pensiones y supone un "reforzamiento extraordinario" del primer pilar del Estado de Bienestar.
La nueva reforma de las pensiones supondrá un incremento de casi 20.000 euros en la futura jubilación de los trabajadores de 25 años y de casi 5.000 euros en empleados que se jubilen en 2027, según las proyecciones del Ministerio.
El Departamento que dirige Escrivá estima que la reforma implicará un "sustancial" aumento de la pensión, en buena medida por la progresiva subida de la sobrecotización que establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,6% actual al 1,2% en 2029.
Los ingresos del MEI irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha' que, según el ministro, partiendo de algo menos de 3.000 millones de euros este año, llegará a acumular hacia mediados de los 40 entre 120.000 y 130.000 millones de euros, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora la cifra más alta.
Estos fondos, ha indicado, se irán desembolsando "de manera prudente y flexible" entre principios de la década de 2030 y hasta los primeros años de 2050 para que el sistema afronte las tensiones financieras derivadas de las jubilaciones de los 'baby boomers'.
Frente a las advertencias de la CEOE, Escrivá ha negado que esta reforma vaya a poner en riesgo "en ningún caso la extraordinaria" evolución del empleo, con casi un millón de empleos más que en prepandemia y un primer trimestre del año que presentará cifras récord, con en torno a 250.000 empleos más.
El ministro ha reiterado que el Gobierno ve "favorablemente" que la reforma se tramite como proyecto de ley y ha asegurado que estará "abierto a todas aquellas aportaciones que puedan mejorar" el texto, cuyas principales medidas son las siguientes:
El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas), un 22% más que ahora.
En caso de que detecte un exceso del gasto en pensiones, se propondrá al Pacto de Toledo medidas para eliminarlo vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas.
En todo caso, se prevé que, si estas medidas se retrasan en el tiempo, la cotización del MEI aumente para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.