Pedro Sánchez, Félix Bolaños y María Jesús Montero. Foto: EDUARDO PARRA (EP)VALÈNCIA. La reforma del modelo de financiación autonómica no entra en los planes legislativos del Gobierno para este año. La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la norma que debe aprobarse para renovar el modelo que lleva caducado desde 2014, no forma parte del Plan Anual Normativo del Ejecutivo para 2022 a pesar de que el Ministerio de Hacienda ya ha iniciado el proceso para aprobar un nuevo modelo.
El Plan Normativo de 2022, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez este martes, incluye las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar al consejo de ministros para su aprobación, tal y como explica en su preámbulo. Se trata de un documento de previsiones que no tiene por qué cumplirse en su integridad, pero sí es relevante porque supone una suerte de declaración de intenciones de los diferentes ministerios sobre su actividad legislativa para el año de referencia.
En sentido contrario, la inclusión de una norma dentro de esas previsiones tampoco obliga a aprobarla, por lo que resulta llamativo que el departamento que dirige María Jesús Montero, que a principios de diciembre presentó a las CCAA el "esqueleto" del que será el nuevo sistema, no lo tenga entre sus prioridades legislativas de este año.
La reforma del sistema, caducado desde 2014, requiere aprobar una ley por mayoría cualificada en el Congreso
Preguntado al respecto, un portavoz del Ministerio de Hacienda aseguró a Valencia Plaza que la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no forma parte de sus previsiones "al no depender solo del Gobierno". "También debe aprobarse por otros órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por tanto, se ha preferido no incluirlo", añade el Ministerio.
A la vista de esa estrategia, este podría ser otro año perdido para renovar un sistema que castiga especialmente a la Comunitat Valenciana, cuya financiación por habitante ajustado está a la cola del conjunto de CCAA de régimen común. La Comunitat Valenciana es una de las que esperaba que la reforma de la financiación fuera una realidad en 2022 porque el Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso, pero la exclusión de la misma en las previsiones legislativas del Ministerio de Hacienda enfría esa expectativa.
El Plan Normativo de 2022 incluye once leyes orgánicas, 81 leyes ordinarias y 276 reales decretos entre las que se encuentran la Ley de Trata para la abolición de la prostitución o la Ley de Servicios Sociales, tal y como destacó el Ejecutivo tras su aprobación. Resulta llamativo, además, que el Gobierno incida en que, tras dos años de pandemia, en 2022 recupera su agenda legislativa para darle un "nuevo impulso que permita, en el ecuador de la legislatura, abordar las numerosas reformas pendientes comprometidas, y seguir cumpliendo los objetivos asumidos".
De ahí que sorprenda la elusión de la financiación autonómica de entre las reformas pendientes por ser una de los grandes compromisos de la ministra María Jesús Montero para este año junto a la reforma fiscal.
Con esa renuncia de facto a intentar la aprobación del nuevo modelo este mismo año, el retraso puede irse más allá del próximo año, ya que los diferentes procesos electorales previstos a a partir de este otoño y durante 2023 hacen prácticamente imposible un pacto entre el Gobierno y las diferentes CCAA, con distinto signo político e intereses contrapuestos sobre los criterios en los que debería basarse el reparto de recursos.
La propia ministra Montero ha apelado recientemente al PP para unificar posturas dentro de su partido para afrontar la negociación, algo que también le sucede internamente al PSOE. Son los dos grandes partidos con responsabilidades de gobierno en la mayoría de los territorios los que, a su juicio, deben propiciar un acuerdo que requiere de una mayoría cualificada para aprobarse como Ley orgánica en el Congreso de los Diputados.
Las previsiones de Hacienda para 2022 con la financiación contrastan con el trabajo que ya están realizando todas las Comunidades Autónomas de régimen común para acordar el nuevo modelo de financiación. Las CCAA tienen que responder este mismo mes con las alegaciones que consideren para la nueva metodología de cálculo de la población ajustada que el Ministerio de Hacienda les presentó en diciembre.
Nada más conocer esa propuesta del Ministerio de Hacienda, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, convocó la comisión mixta Corts-Consell para comenzar a preparar las aportaciones valencianas a esa propuesta en la que el cálculo de las necesidades de gasto de la Comunitat Valenciana es incluso inferior al actual, aunque para concluir si mejorará su financiación respecto al sistema de 2009 será necesario conocer cómo queda el conjunto del modelo.
La aspiración de la Comunitat Valenciana es que desaparezcan la maraña de fondos actuales de redistribución horizontal que complican el modelo vigente y que en el nuevo sea la población ajustada el único criterio de reparto para evitar "una clara discriminación de la Comunitat Valenciana", según denunció Soler.
La comisión de expertos de la Comunitat está preparando las alegaciones técnicas al "esqueleto" de Montero
La comisión de expertos de la Comunitat está actualmente trabajando en el plano técnico de las alegaciones, para lo que se ha dirigido a las conselleries sectoriales como la de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para que le aporten aspectos técnicos más específicos para el cálculo de los servicios a financiar.
Por lo que se refiere a la reforma fiscal, otra de las reivindicaciones del Consell del Botànic para acabar con el dumping fiscal, la no inclusión de ninguna referencia al respecto en el Plan Normativo de 2022 puede deberse a que, en este caso, no sea necesaria una nueva ley.
A pesar de que los expertos designados por el Ministerio de Hacienda van a presentar sus conclusiones sobre esa reforma el próximo mes, los cambios tributarios no requieren la aprobación de una ley específica, salvo que se creen impuestos nuevos como pasó con Transacciones Financieras o Servicios Digitales. En cualquier caso, el departamento de Montero insiste en que el primer paso ahora es conocer esa propuesta.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
