VALÈNCIA. Al Institut Valencià de Cultura se le están atragantando los deberes que le puso hace más de un año la Agencia Antifraude. El organismo dependiente de Cultura es uno de los cuatro que fue señalado por la institución presidida por Joan Llinares por no implementar sus recomendaciones en el plazo establecido. El caso es paradigmático, porque el expediente donde se le exigía la adopción de medidas en un plazo de un mes está firmado en marzo de 2021, y la memoria de actividades que señala el incumplimiento está fechado 12 meses después.
Por hacer memoria del caso, CGT denunció al Institut Valencià de Cultura a raíz del nombramiento de Dolores Romero como subdirectora de Gestión y Administración. El sindicato censuró arbitrariedades en los cambios de cargo de la funcionaria y una dejación de funciones al mantenerla en un puesto “provisional” más de tres años. El IVC hizo una permuta con el puesto de Gemma Contreras (actual directora del IVCR+i) cambiando el organigrama —a ojos de Antifraude, de manera irregular y no correctamente justificada—.
Desde el mismo momento del proceso, el IVC fue advertido de que el proceso no era correcto, y en especial Abel Guarinos, su director, al que el informe recuerda que esas funciones dependían del Consejo de Dirección y no en la Dirección General.
Con todo esto, el Institut Valencià de Cultura regularizó a través de la publicación de una Relación de Puestos de Trabajo que el Consell aprobó los cambios para dar a posteriori amparo legal a los cambios, incluso antes del informe de Antifraude. ¿Qué significa esto? Que el organismo tardó tanto que no tenía nada que anular ni nada que cambiar en este caso en concreto. Lo único que podía era señalar la irregularidad y señalar la mala praxis de la dirección del IVC. Por eso, sus recomendaciones son la apertura de un expediente para determinar si hubo dejación de funciones por parte de Guarinos por mantener en situación de eterna temporalidad los nombramientos irregulares; y un informe explicando mejor la motivación del puesto de trabajo creado en el IVCR+i, además de un plan que aseguro que las irregularidades no se van a repetir.
Esas tres medidas son las que el IVC aún no ha remitido a Antifraude. Desde el organismo cultura aseguran a Culturplaza que los señalamientos de Antifraude están resueltos porque, por una parte, publican RPT todos los años, y segundo, los nombramientos se hicieron “en función de las necesidades de gestión de la entidad”. Añaden que “como no puede ser de otra manera” ya han atendido las recomendaciones de Antifraude, pero remiten que en el informe ponga lo contrario por un problema de comunicación “que resolverán pronto”, aunque “ya no haga falta” porque la Agencia ha cerrado el expediente —al no tener ninguna implicación legal esta—.
Si bien el IVC cree tener justificación para las medidas que adoptó, cabe recordar que la falta de comunicación con Antifraude no es novedad en este caso. La falta de implicación en este conflicto, a sabiendas que no iba a tener ninguna respuesta judicial, es llamativa: Inspección de Trabajo pidió una ampliación del informe, que aceptó el IVC, pero que nunca remitió, y que Antifraude siguió pidiendo sin éxito. Si bien a este diario el IVC le ha desgranado el por qué, en su día no hizo alegación alguna al informe de Antifraude, no remitió ni un solo documento acreditativo y, de hecho, el IVC ni siquiera recogió la notificación enviada. Esto último fue calificado en su día por CGT como una “falta de respeto”.
Cuando Culturplaza se hizo eco del informe el año pasado, preguntando oficialmente al IVC por la adopción de medidas urgente (el expediente de Antifraude ponía como plazo un mes), el organismo anunció que tal vez no sería en cuatro semanas pero que se reunirían para atender las recomendaciones lo antes posibles. 15 meses después, aún no ha habido tiempo, aunque ahora aseguran que sí, que esta es la definitiva.
