El empresario Francis Puig, en los juzgados. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha vuelto a prorrogar seis meses el caso Francis Puig, centrado en un posible fraude de subvenciones concedidas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover. El magistrado así lo ha decidido tras el error que derivó en la nulidad del último auto de prórroga.
El problema vino de un descuido procesal. La Fiscalía solicitó al juzgado la prórroga de la instrucción. Una petición que suele ser habitual cuando se encuentra próximo el plazo de la anterior finalización y todavía existen posibles diligencias pendientes de practicar. A continuación, se ha de dar audiencia a las partes, tal como marca la ley, para que se pronuncien y presenten las alegaciones que consideren.
Este trámite es el que no tuvo lugar, de manera que el pasado 26 de enero el juez acordó prorrogar la instrucción durante seis meses más sin que el juzgado hubiera dado traslado previamente de la petición de la Fiscalía.
Debido a ello, las defensas de Francis Puig, los Adell Bover y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, interpusieron sus respectivos recursos para pedir la revocación del citado auto de prórroga. Anticorrupción se adhirió y el juez los admitió.
En el escrito, reconoció que "al revisar las actuaciones se ha producido un error involuntario". "Se dio cuenta a este magistrado para resolver, considerando el funcionario que se había notificado dicha diligencia de 18 de enero cuando en realidad no se había notificado", explicó. Todo pese a que se encontraba ya firmada. Es decir, que en lugar de la petición de la Fiscalía se dio traslado del posterior del auto que acordaba la prórroga.
Tras lo ocurrido, el juez ha dictado ahora un nuevo auto de prórroga que fija la finalización de la instrucción en el próximo 29 de julio. "Está claro que no hubo una inacción por parte del juzgado y que la voluntad era dar traslado para alegaciones, por lo que no se puede invocar dicho error para decir que la prórroga es extemporánea", afirma el magistrado.
En la resolución, recuerda que en este procedimiento "ya se emitió un informe pericial extenso y, a la vista del mismo, se recibió declaración a los investigados, que aportaron documentación para contestar a las cuestiones que se planteaban en dicho informe". "Como consecuencia de las alegaciones y documentos aportados, se acordaron nuevas diligencias que están pendientes de cumplimentar", explica el juez.
En concreto, un informe ampliado de la Guardia Civil dirigido a comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con los proveedores; y dos informes de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana. De cuyo resultado, señala el magistrado, se podrían acordar nuevas diligencias.
"En el presente caso hay que tener en cuenta la complejidad del procedimiento y de las diligencias que están pendientes. Y, como informa el Ministerio Fiscal, la entidad e importancia de los informes periciales solicitados puede dar lugar a la práctica de otras diligencias igualmente necesarias. Pone como ejemplo que para la existencia del delito de fraude de subvenciones podría deducirse la responsabilidad penal de la persona jurídica, investigación que necesariamente debe diferirse al conocimiento de las periciales solicitadas y acordadas", argumenta el auto.
La resolución puede ser ahora recurrida, cosa que casi con toda probabilidad ocurrirá por parte de las defensas. Y podría acabar en la Audiencia Provincial. Este pronunciamiento resultaría clave, puesto que aquí se abrirían dos escenarios: uno, que avale la decisión del juzgado y la investigación siga adelante; dos, que fuera revocado, lo que pondría fin a la instrucción de manera precipitada.
En este último caso, todo lo que queda pendiente de ser recibido por el juzgado podría ser incorporado a la causa, pero éste no podría acordar nuevas diligencias, lo que dejaría coja la investigación.
