Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La obsesión de la Conselleria de Vivienda ha sido en estos tres años y medio de legislatura aumentar el parque público. Y, para ello, se han lanzado varios instrumentos normativos con tal fin. Sin embargo en un año, de 2020 a 2021, la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de este departamento, ha perdido casi un centenar de unidades. Y no por falta de eficacia de sus medidas, sino porque muchas de los inmuebles que lo componen se arrendaron en el pasado con opción a compra y se han tenido que vender. Además, algunos edificios se han tenido que demoler por su deteriorado estado de conservación. Unas circunstancias que han provocado que el balance sea negativo.
De esta forma, la entidad que ahora dirige Rafael Montero, tras la destitución hace un mes de su anterior director, César Jiménez, gestionaba en 2020 unas 12.692 viviendas, mientras que a cierre de 2021 eran 12.594, es decir, 98 unidades menos en su cartera. De ellas, 9.351 estaban destinadas a alquiler social y las 3.243 restantes eran inmuebles transmitidos con precio aplazado, según consta en el informe de gestión, que acompaña a las cuentas anuales de la entidad del pasado ejercicio de 2021.
Esta modalidad de alquiler con opción a compra imperó durante años en la antigua IVVSA, ahora rebautizada como EVha, que suscribió hace décadas contratos de alquiler a largo plazo con vistas a la venta, muchos de los cuales su plazo venció el pasado año y, por tanto, se tuvieron que escriturar. "Muchas de esas viviendas eran de promoción pública, pero su destino final era la venta y nunca tuvieron calificación permanente de protección. Se alquilaron generalmente con un plazo de 30 años con opción a compra y ese periodo ha expirado y se tienen que vender. Ante eso no podemos actuar", explican fuentes de la Conselleria.
No obstante, admiten que en algunos casos se ha recurrido a los derechos de tanteo y retracto para optar a la adquisición del inmueble, así como también se han dado casos en los que el inquilino ha rechazado la compra, por lo que esas viviendas han pasado al parque público. No obstante, en 2021 se acometieron 160 escrituraciones, una cifra menor que un año antes cuando fueron 211, según datos de la Conselleria. En lo que llevamos de 2022 son ya 109 las viviendas que pasaran a manos de particulares y otras 68 están en trámite para escriturar de manera inminente.
Pero, además, el pasado año se tuvieron que demoler dos bloques con 72 viviendas en Almassora y Crevillent, dado que su estado impedía la habitabilidad. "Si no hubiéramos adquirido vivienda, la reducción del parque público sería muy considerable. Hemos puesto en marcha diferentes mecanismos como el decreto de tanteo y retracto, la compra directa, la movilización de vivienda vacía, los concursos... Y, con ese trabajo, y la obligatoriedad de la calificación permanente de las viviendas de protección pública acabaremos la legislatura con más inmuebles", destacan desde Conselleria.
De hecho, cierto es que los inmuebles destinados a arrendamiento social se incrementaron un 3,25% en 2021 al pasar de 9.057 a 9.351 activos. En concreto, se incorporaron 366 nuevas viviendas al parque público: 34 unidades mediante el ejercicio del derecho de tanteo, 84 por resolución anticipada de contratos de viviendas trasmitidas por la Generalitat con precio aplazado, 52 a través de la compra directa, 4 por alteración de uso de plazas de aparcamiento, y otras 192 mediante la gestión de la Conselleria. No obstante, el incremento neto fue de 294 viviendas porque se dieron de baja esas 72 viviendas demolidas.
En cualquier caso, cabe recordar que la propia Conselleria también tiene viviendas en gestión que ahora mismo se está transmitiendo a la EVha, tras una resolución del conseller, Héctor Illueca, para que todo el patrimonio esté bajo el paraguas de la entidad pública. Y más teniendo en cuenta que hace un año este departamento aprobó la creación de un nuevo registro de demandantes de vivienda pública para clarificar en un mismo sistema la oferta y la demanda. Un instrumento para que haya un único listado con todas las solicitudes recibidas ya que hasta entonces había dos: uno de la EVha y otro que gestionaba la Conselleria.
Por tanto, la creación de esta herramienta también obliga a unificar el parque público. Y sumando ambas carteras, según puntualizan fuentes de Vivienda, en estos momentos se están gestionando 14.553 inmuebles en la Comunitat Valenciana, de los que 11.373 tienen como destino el alquiler.
Otra de las funciones de la empresa pública es precisamente la gestión de la lista de espera de solicitantes de vivienda pública. Para ello, elabora listados por municipios, ordenados por tipología de vivienda, según la puntuación obtenida en base a los datos contenidos en la petición, de forma decreciente.
Durante el 2021 se presentaron 4.581 solicitudes y otras 131 para cambio de casas. Sin embargo, con la nueva normativa que crea ese nuevo registro de demandantes se notificó a los más de 9.000 inscritos, la extinción de su solicitud y la necesidad de inscribirse en el nuevo sistema para así mantener la máxima antigüedad.
De ellas, cerca de un millar de peticiones eran de víctimas de violencia de género; más de 3.000 de mayores o jóvenes, unas 2.000 de personas con diversidad funcional y otro millar correspondían a peticiones de familias monoparentales, entre otros, y según consta en la memoria anual del pasado año de la entidad.
Por otro lado, el pasado año también arrancó la reactivación de la actividad promotora de la EVha, tras una década en blanco. Así se lanzaron los primeros concursos para la construcción de cerca de 74 viviendas en el sector Benisaudet de Alicante y de otras 70 unidades en el sector santa Ana de Gandía. Los siguientes serán 55 unidades en Torrent y 70 en el barrio Palmerales de Elche.
