CASTELLÓ. El PP y Vox, los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, han vetado la declaración institucional del PSPV sobre la casa de apuestas. "No se darán nuevas licencias de apertura de casas de apuestas cercanas a centros educativos". Esta es la postura del Grupo Municipal Popular, expresada a través de su portavoz, Sergio Toledo. "Somos completamente sensibles con la importancia de frenar la ludopatía en la adolescencia y la necesidad de evitar que nuestros jóvenes tengan a su alcance este tipo de servicios", ha argumentado.
Toledo ha explicado de este modo el veto del PP a la declaración institucional propuesta por el PSPV-PSOE, así como la de Compromís, ambas para la protección de los adolescentes frente a la ludopatía. "El TSJCV anuló el 19 de enero del 2022 la modificación de la norma que establecía una distancia mínima de 700 metros entre los establecimientos y cerrar los locales que habían obtenido la autorización supondría hasta 420 millones en indemnizaciones en la Comunitat Valenciana y la pérdida de miles de puestos de trabajo", ha señalado.
"El TSJCV ya advirtió al Consell del Botànic que una cosa es que ostente la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas y otra muy distinta es que lo pueda hacer al margen del derecho de la Unión Europea y de las normas estatales", ha insistido el portavoz del GMP. A lo que ha matizado que "el 29 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del citado tribunal acordó formular al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre si las restricciones de distancias establecidas a los Salones de Juegos en el decreto valenciano que los regula son compatibles con la normativa europea y esperamos respuesta".
Toledo también ha mostrado su sorpresa que por la propuesta de declaración institucional socialista para exigir a la Generalitat más recursos sanitarios. "Tras ocho años de gobierno en los cuales han tenido la sanidad valenciana en la UCI nos exigen que en seis meses resolvamos todo el caos que nos han dejado, con fugas de médicos, especialidades sin cubrir, listas de espera interminables, ambulatorios auxiliares cerrados durante meses…", ha remarcado.
Y también ha vetado la referida a la adquisición por parte de la Generalitat de 500 viviendas del Sareb para alquiler social "después de que en dos legislaturas hayan sido incapaces de resolver la situación de falta de pisos sociales en Castelló".
Asimismo, ha afeado a Compromís que reclame urgencia para la construcción de la residencia geriátrica de la calle Onda. "En ocho años les costó Dios y ayuda ponerse de acuerdo para ceder el solar a la Conselleria y ahora tienen prisa. No se preocupen que lo que ellos fueron incapaces de materializar lo haremos nosotros", les ha garantizado.
En relación con la declaración sobre las casas de apuestas, Vox también la ha vetado "porque la Ley del Juego creada por el anterior gobierno regional contaba con numerosos errores jurídicos. La legislación en cuestión ha sido objeto de críticas y controversias, con múltiples . Y es que aplicaban las restricciones a las casas de apuestas con carácter retroactivo, afectando a los negocios que ya existían con anterioridad, según señala en un comunicado la formación de extrema derecha.
"Es importante señalar que las enmiendas propuestas por Vox no buscan fomentar la ludopatía, como insinúan PSOE y Compromís, sino abordar la inseguridad jurídica generada por la legislación anterior. En este sentido, se busca rectificar la aplicación retroactiva de restricciones a las casas de apuestas, restaurando así la seguridad jurídica", señala el edil Alberto Vidal.
El concejal de Vox señala que es "fundamental abordar los problemas asociados con el juego, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. Sin embargo, la formación política destaca la importancia de respectar el estado de derecho y tener en cuenta las medidas legales a nivel nacional. En este contexto, Vox se compromete a trabajar para encontrar soluciones efectivas y equilibradas que aborden las preocupaciones legítimas sobre el juego en la ciudad, al tiempo que garantizan un marco jurídico estable y coherente que no provoque más problemas en el futuro".
