Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El Consell del Botànic II conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem aprobó la semana pasada el informe final de la Inspección General de Servicios del ejercicio 2020/2021. Un documento que recoge los controles realizados por los servicios internos del Gobierno valenciano en cada una de las consellerias.
El dossier ofrece información significativa como que los departamentos que acumulan más quejas son Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas Inclusivas. También que el año pasado el órgano de control atendió casi 300 denuncias de la Generalitat y su sector público.
Ahora bien, tal y como queda reflejado en él, el programa informático que aplica la Generalitat para realizar cierts labores de control sigue sin funcionar para lo esencial: vigilar los contratos y subvenciones que se realizan en la Administración y que todos los aspectos que los rodean sean legales. Es decir, sigue sin ser capaz todavía, por ejemplo, de prevenir posibles fraccionamientos de contratos, que fue una de las cuestiones que más preocupaban al Consell al inicio de la legislatura pasada y por lo que se decidió poner en marcha toda la maquinaria para crear un sistema informático que les ayudara en esta tarea de prevenir la corrupción.
Así, cabe recordar que en 2016 la Conselleria de Transparencia que dirigía Manuel Alcaraz firmó un convenio de colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón por un importe de 30.000 euros para desarrollar el sistema Satan (Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción). Este era un software que el departamento gestionado por Compromís incluyó específicamente en la Ley de la Inspección General de Servicios para que la Intervención de la Generalitat pudiera prevenir posibles malas prácticas en la Administración mediante el cruce de datos.
Del desarrollo de esta suerte de 'topo' en el sistema informático de toda la Administración se encargó la Universitat Politècnica de València en 2018. A través de algoritmos fueron introduciendo "preguntas" al sistema para saber si en algún departamento de la Generalitat se estaban realizando contratos irregulares o si existían gastos recurrentes en consellerias que harían saltar las alarmas del programa en diversas fases.
Los desarrolladores del programa ya volcaron entonces datos reales que se correspondían con ejercicios cerrados sobre caja fija, facturación, o expedientes de contratación y subvenciones que ofrecía la Administración a empresas privadas. La intención, no obstante, era poder trabajar sobre expedientes vivos, es decir, en tiempo real "para prevenir y no curar".
Satan, que más tarde pasaría a llamarse Saler, también tenía entre sus cometidos evitar que la Administración diera contratos a "empresas amigas", comprobar si las adjudicatarias tuvieran relación entre sí -por ejemplo, si pertenecen al mismo grupo empresarial o tienen el mismo proveedor-. Nada de eso, sin embargo, está en marcha.
Según consta en el informe de la IGS de 2020/2021, el desarrollo del proyecto Saler no se encuentra aún finalizado, dado que la "integración en el sistema de alertas de información en materia de subvenciones y contratos de la Generalitat sigue suspendida temporalmente a la espera de que se apruebe y publique el Reglamento de la IGS".
La ley que dio vida a esta Inspección se aprobó en 2018. O lo que es lo mismo, hace cuatro años. Cuatro años sin Reglamento y el mismo periodo para aprovechar todo el despliegue tecnológico que se hizo en su momento y que, por el momento, solo ha podido actuar sobre el área de conflicto de intereses de los altos cargos de la Generalitat.
Una tarea que en esta legislatura correspondería resolver a la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ya que en la negociación del Botánico II, la Inspección General de Servicios (IGS) pasó a estar bajo su mando. En la anterior, sin embargo, este órgano de control se hallaba bajo la tutela de Transparencia. Un año queda para poder aprovechar Saler conforme fue proyectado y dependerá de aprobar un reglamento orgánico y funcional. ¿Será suficiente?
