El sindicato de Vox convoca una huelga general contra la amnistía y los pactos del PSOE

El Ministerio de Trabajo, solo permite que los agentes sociales reconocidos como mayoritarios puedan convocar una huelga general, un terreno acotado a UGT y CCOO por ser los sindicatos más representativos a nivel estatal ya que acreditan el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas y los sindicatos o entes sindicales. Y por tanto, ya sea juntos o en solitario, están detrás de todas las huelgas generales convocadas en España en período constitucional.

Sin embargo, aunque Solidaridad no alcanza esas cifras ya que, para lograrlas es necesaria una trayectoria mayor --nació en 2020--, según explican fuentes de Solidaridad a Europa Press, la jurisprudencia indica que no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios por ser un derecho fundamental.

Ante esto, tras la presentación de 100.000 firmas y el registro en el Ministerio de Trabajo, desde Solidaridad han podido formalizar la convocatoria de huelga para sumarla así al rechazo que Vox ha mostrado en numerosas ocasiones a los pactos de Pedro Sánchez y a la garantía de oponerse a los planes del jefe del Ejecutivo en funciones con todos los métodos que estén en su mano, citando específicamente instituciones, tribunales y las calles.

Buscan "dar un paso más"

Según apuntan desde la formación, con esta convocatoria buscan ir más tras las numerosas movilizaciones que se han producido en los últimos días. "Es el momento de un paso más, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, sus familias, asociaciones, federaciones, colectivos, sindicatos, partidos y ciudadanos preocupados por la unidad de España y la defensa de los derechos laborales", han apuntado en la convocatoria.

A su juicio, las cesiones de los socialistas "provocarán un marco de desigualdad para los trabajadores en el conjunto de España". La condonación de la deuda "se paga con los impuestos de los trabajadores" y es una cesión enmarcada en la necesidad de Sánchez de amarrar los votos de los independentistas, circunstancia en la que cabe también la amnistía a los activistas catalanes encausados en los últimos diez años.