Vicent Marzà y Àgueda Micó. Foto: EPVALÈNCIA. La dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta, portavoz y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas no le va a salir en balde al PSPV, socio mayoritario de Compromís en el Gobierno valenciano que los valencianistas entienden que no ha sido del todo leal en toda esta historia. Principalmente por la presión volcada para forzar que la líder de la UTE electoral acabara dando un paso a un lado antes de ser destituida por el propio president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
La posibilidad de que el jefe del Consell hubiera acabado destituyéndola de forma "unilateral" como número dos del Ejecutivo si esta no tomaba la iniciativa de apartarse despertó un fuerte resentimiento en los naranjas la semana pasada, que reclamaban que las decisiones en un ejecutivo de coalición se debían tomar de forma "colectiva". Todo este episodio hizo revivir el fantasma del adelanto electoral de 2019, donde lo que tuviera que decir Compromís poco importaba y del que todavía se lamen las heridas.
Pero en la coalición valencianista se han cansado y recuerdan a su socio en el Consell que a pesar de que tienen una macrocausa en los juzgados como es el 'caso Azud', ellos no les habían metido el dedo en la llaga hasta ahora -de hecho, habían obviado la implicación del PSPV en más de una ocasión-. Y recalcan el "hasta ahora", porque la tregua parece haber llegado a su fin.
Las relaciones a partir de ahora se antojan complicadas muy a pesar de que el pensamiento entre las filas socialistas la semana pasada era totalmente contrario. De hecho, apenas unas horas después de formalizarse el cese de Oltra de todos sus cargos -se hizo oficial este miércoles-, Compromís recordó tras el pleno de este miércoles que existe una comisión de investigación sobre Azud paralizada en Les Corts y propusieron activarla.
La proposición, eso sí, no surge de la nada. Sino que los valencianistas la ponen sobre la mesa a raíz de la información publicada por eldiariocv.es de que el vicepresidente segundo de Les Corts, Jorge Bellver (PPCV), se reunió con el presunto cabecilla de la trama, el empresario Jaime Febrer, según muestran las agendas de la exalcaldesa de València Rita Barberá, fallecida en 2016.
"Como siempre hacemos desde Compromís, no pedimos una dimisión por el simple hecho de estar imputado: pedimos las explicaciones pertinentes", expuso el portavoz adjunto de la coalición en Les Corts, Vicent Marzà. La UTE electoral integrada por Més, Iniciativa y VerdsEquo defendió los últimos días antes de la dimisión de Oltra que la exvicepresidenta nunca había pedido la dimisión de cargos del PP simplemente por estar imputados, sino cuando había algo más.
"Si no existen explicaciones, como hasta el momento, evidentemente pediremos ir más allá, incluso activar la comisión de investigación en Les Corts ahora que ya se ha levantado parte del secreto de sumario de la causa", añadió el también exconseller de Educación. Propuesta que a su otro socio en el Gobierno, el minoritario, Unides Podem, le parece bien.
Las declaraciones de Compromís, sin embargo, parece que no iban con el PSPV, cuya síndica en Les Corts Ana Barceló salió a exigir a los populares explicaciones dejando de lado que la causa salpica tanto a cargos del PPCV como a miembros de su partido. Ésta se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones valencianas durante 15 años. Empresarios y políticos populares y socialistas –el constructor Jaime Febrer, el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el que fuera portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Rafa Rubio– habrían participado en ella.
Una de las vías de la investigación, de hecho, es la de la financiación del PSPV para su campaña de 2007, con Pepe Cataluña (el que fuera encargado de las finanzas del partido) y José Luis Vera (exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra) como protagonistas. Aunque no se puede seguir por el delito de financiación irregular, se sigue por el de cohecho.
Del sumario de Azud tampoco se libra el propio Compromís. En él se apunta a que el histórico dirigente del Bloc Pere Mayor pactó una comisión de algo más de doce millones de euros por intermediar en una operación que pretendía crear y recalificar una gran parcela de terrenos en la localidad de Burjassot con la trama como agente urbanizador y construir, entre otras cosas, un centro comercial del grupo Eroski. Él negó que cobrara esa cantidad.
Con todo, Barceló pidió este miércoles a María José Catalá, portavoz del partido de la gaviota en el Parlamento, que saliera a dar las explicaciones "que suele pedir tan airadamente" y dijera "qué posición va a adoptar y qué va a hacer con la asesora que es hija del empresario investigado".
La socialista, por contra, defendió que su partido en todo momento fue "separando a las personas que en su momento, en 2004 o 2005, tuvieron responsabilidades" en Azud y sostuvo que la comisión de investigación de Les Corts sobre este caso "en estos momentos" no se puede activar hasta que no se levante el secreto de sumario de todas las piezas investigadas. La era post-Oltra ha comenzado oficialmente en el Botànic II. Y la carrera electoral hacia mayo de 2023, también.
