Foto: EDUARDO MANZANALos agentes ponen el foco en los gastos no subvencionables de las empresas, como el alquiler de la vivienda de otro de los hermanos Puig
VALÈNCIA. La Guardia Civil ha entregado al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia un pormenorizado informe de 446 páginas en el que analiza numerosas facturas de las empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus considerados socios, los Adell Bover.
El análisis, elaborado por el equipo de delitos económicos de la Policía Judicial, ha sido presentado más de año y medio después de que el juez lo solicitara. Se trata de uno de los pocos informes que faltaba por incorporar a la investigación relativa al presunto fraude en las ayudas públicas a la promoción del valenciano en medios de comunicación. La causa se inició tras una querella del PPCV e indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover.
El informe detecta diversas anomalías en la documentación que ahora habrá que comprobar si el juez y la Fiscalía consideran que constituyen presunta falsedad documental. Aun así, no cuantifica las subvenciones recibidas presuntamente de manera irregular. Una cantidad que resulta relevante puesto que el Código Penal establece que para que existe un posible delito de fraude de subvenciones la cantidad defraudada tiene que superar los 120.000 euros. La Guardia Civil no se ha encargado de ello y ahora será labor de Anticorrupción determinarlo. La causa cuenta con otros informes como el de la Intervención de la Generalitat, que establece que no se superó la citada cantidad.
En todo caso, los agentes exponen de manera exhaustiva todas las facturas de las empresas vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover a las que se concedieron las ayudas públicas. También los trabajos presentados para justificar las subvenciones.
Lo que se han encontrado es, básicamente, lo que ya sabían. Eso sí, en mayor detalle. Algo que en todo caso es útil porque corrobora su tesis en lugar de contradecirla. Pero que en relevancia judicial no aporta extraordinarias novedades más allá de ciertas cuestiones llamativas y que vienen a acreditar lo que se ha investigado hasta la fecha: la existencia de facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover; duplicidad en la facturación (mismos servicios que se aportaron tanto a la Generalitat Valenciana como a la catalana para optar a las ayudas); material creado el año anterior a la cumplimentación de las facturas, por lo que no respondía a ese ejercicio; y contenidos que no se correspondían con el concepto de la subvención (es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no tocaba).
En este último apartado aparecen algunos llamativos ejemplos. Pero uno de los más repetidos a lo largo de varias páginas del informe es el de los contenidos en castellano para justificar unas ayudas, cabe recordar, dirigidas al fomento del valenciano.
Así lo hizo, destacan los agentes, la mercantil TVCS Retransmisions, una productora de los Adell Bover. Ante el requerimiento judicial, sus responsables aportaron un disco duro con los contenidos facilitados. La Guardia Civil hace hincapié en una de las carpetas sobre producción piezas de informativos en la que constan un total de 66 archivos. De ellos, se usa exclusivamente el idioma castellano en un total de 22, la tercera parte de ellos. Además, y pese a que en teoría deberían ser piezas audiovisuales, señalan que en 29 de los archivos o hablan en castellano o sólo aparecen sonidos. Algo similar ocurre en otros documentos aportados. Mencionan, a modo de ejemplo, uno sobre el directo del certamen internacional Queen Beauty Universe de 2017.
Los agentes también llaman la atención sobre un archivo de vídeo denominado "Brutos del 9 d'Octubre día entero part 4_ok". "No es que no aparezca el logotipo de Nord Televisió ni de Comunicacions dels Ports. Es que tampoco figura el de TVCS, sino el de 7 Televalencia, desconociendo la relación de este canal con las mercantiles que nos ocupan y con la facturación aportada", inciden.
En otra carpeta de programas de la misma productora, aparecen asimismo cuatro archivos de vídeo, todos ellos en castellano. Tampoco corresponden con el objeto de subvención, recuerda la Guardia Civil. Del mismo modo, insisten en que muchos archivos de reportajes son en castellano en su totalidad; otros mezclan el castellano y el valenciano; y otros son en valenciano en su totalidad.
Otro punto importante sobre los documentos presentados por TVCS es que "no se puede confirmar que se correspondan con los gastos declarados en las facturas emitidas a Comunicacions dels Ports incluidas en los expedientes de las subvenciones al fomento del valenciano", afirman los agentes. Esto se debe, prosiguen, a que la mercantil únicamente aporta tres facturas con conceptos genéricos y no una relación de los contenidos que ha incluido en cada factura.
Los contenidos en castellano se repiten en el caso de Mas Mut Produccions, mercantil administrada por Francis Puig. En una de las carpetas de las facturas, de los 1.119 elementos que contiene, 534 de ellos son en esta lengua, "por lo que no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán", dice la Guardia Civil.
En gastos no subvencionables, el informe hace mención al alquiler de una vivienda particular y en la que residía Jorge Puig, hermano de Francis y de Ximo, sirvió para justificar las subvenciones. Los agentes acudieron a comprobar la sede de Mas Mut en Penyarroya de Tastavins (Teruel), pero constararon la existencia de una vivienda unifamiliar de dos alturas y a la que llamaron en varias ocasiones durante las dos visitas realizadas. Un vecino acabó por confirmarles que se trataba del domicilio de Jorge Puig.
Como ya indicaron en un informe anterior, la casa no presentaba ningún rótulo informando de la existencia en esa ubicación de la mercantil sino que "presenta el aspecto de una vivienda particular", además de no tener más antenas que la habitual en una residencia normal. Por ello, los agentes no pueden acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil.
Entre los servicios de contenidos para Comunicacions dels Ports también figura un reportaje sobre la boda de Enrique Adell con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano.
Los agentes dudan, del mismo modo, de la justificación de otros gastos. Así, en un apartado de las facturas de Canal Maestrat, hay una carpeta con 145 archivos en diferentes formatos, creados entre enero y mayo de 2017, con contenido relativo a localidades del delta del Ebro, como Tortosa, Amposta o Deltebre. "Esta instrucción desconoce si estos trabajos guardan relación con la justificación del gasto para subvención de la Generalitat de Cataluña o, si por el contrario, fueron presentados para la subvención de la Generalitat Valenciana", comentan.
Las facturas cruzadas o duplicadas son otro de los puntos relevantes del informe. La Guardia Civil ha analizado las facturas aportadas por Comunicacions dels Ports emitidas a Mas Mut Produccions: "Si comparamos los metadatos, la fecha de creación y las propiedades correspondientes a los contenidos de los servicios prestados por Comunicacions dels Ports a Mas Mut, coinciden con los servicios prestados por Mas Mut a Comunicacions dels Ports. Dada la doble justificación de contenidos, se desconoce cuál de las dos mercantiles es la que ha realizado los servicios y el motivo por el que las dos mercantiles justifican los gastos de cada una con los mismos contenidos, por lo que se estarían duplicando".
En abril de 2023, la Audiencia de Valencia puso fin a la instrucción de manera precipitada tras un error procesal. Los magistrados estimaron los recursos de los acusados contra la última prórroga de la investigación, que había acabado en nulidad debido a un error del juzgado. Esto supuso que el juez no pudiera acordar ya más diligencias, sino únicamente recibir las pendientes, lo que deja cojas las indagaciones.
Los informes que entonces quedaban por presentar eran uno ampliado de la Guardia Civil; y dos de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana. El juzgado acabó pidiendo celeridad tras diversos problemas.
Los de las intervenciones ya fueron recibidos. El de la Generalitat concluyó que las mercantiles vinculadas a Francis Puig y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas –y las cuales ascienden a los 625.721 euros–. Es decir, alrededor del 10,8%. Pero la cantidad no alcanza los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones. Teóricamente tiene que presentar un anexo.
Igualmente, quedaba pendiente el de la Guardia Civil, que ha llegado casi dos años después. Con todo recopilado, el juzgado deberá decidir si archiva la causa o dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral.
