Foto: EDUARDO MANZANALos agentes apuntan a conceptos que no eran objeto de las ayudas públicas al valenciano: desde el alquiler de la vivienda de otro hermano de Ximo Puig a gastos de boda de Adell Bover y contenidos en castellano
VALÈNCIA. La Guardia Civil ya ha remitido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el informe definitivo que tenía que presentar en la causa relativa al presunto fraude en las ayudas públicas a la promoción del valenciano en medios por el que se encuentran investigados Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover.
La causa se inició tras una querella del PPCV e indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover.
El informe, elaborado por el equipo de delitos económicos de la Policía Judicial, consta de 446 páginas y ha sido presentado año y medio después de que el juez lo solicitara. De hecho, el magistrado se encuentra incorporado ahora mismo en otro juzgado de Instrucción tras pedir el cambio.
El informe no cuantifica las subvenciones recibidas presuntamente de manera irregular (cantidad que resulta relevante determinar para seguir adelante o no con la causa), sino que expone un pormenorizado análisis de facturas de las empresas vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover a las que se concedieron las ayudas públicas.
Lo que se han encontrado los agentes es, básicamente, lo que ya sabían. Eso sí, en mayor detalle. Algo que en todo caso es útil porque corrobora su tesis en lugar de contradecirla. Pero que en relevancia judicial no aporta extraordinarias novedades más allá de ciertas cuestiones llamativas y que vienen a acreditar lo que se ha investigado hasta la fecha: la existencia de facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover y conceptos que no se correspondían con el concepto de la subvención. Es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no correspondían.
A lo largo del análisis de la Guardia Civil aparecen varios ejemplos de ello. Uno es la que el alquiler de una vivienda particular y en la que residía Jorge Puig, hermano de Francis y de Ximo, sirvió para justificar las subvenciones. Los agentes se desplazaron al domicilio para comprobar si se trataba de una sede de la mercantil Mas Mut Produccions y comprobaron que no. Averiguaron de quién era el domicilio por un vecino.
Otro de los contenidos aportados para justificar las ayudas fueron lo que parece ser, expone la Guardia Civil, el vídeo de la boda de Enrique Adell. A ello se añade algo que llama mucho la atención de los agentes y es que existen multitud de archivos de contenidos en castellano pese a que las subvenciones eran para la promoción del valenciano.
La Guardia Civil hace hincapié en la dificultad que ha tenido para comprobar si los gastos abonados a las empresas se corresponden con los archivos presentados por éstas para justificar las ayudas. Además, señala que algunos de esos archivos fueron creados el año anterior a la cumplimentación de las facturas, por lo que no corresponderían a ese ejercicio. Tampoco ha podido comprobar, en otros casos, la compensación de los servicios prestados.
Los agentes remarcan asimismo que las mercantiles no han presentado la relación de contenidos en los que participaron conjuntamente o que en los archivos presentados, por ejemplo los de vídeo, no aparecen en ocasiones los logos de las empresas que optan a las subvenciones.
En abril de 2023, la Audiencia de Valencia puso fin a la instrucción de manera precipitada tras un error procesal. Los magistrados estimaron los recursos de los acusados contra la última prórroga de la investigación, que había acabado en nulidad debido a un error del juzgado. Esto supuso que el juez titular no pudiera acordar ya más diligencias, sino únicamente recibir las pendientes, lo que deja cojas las indagaciones.
Los informes que entonces quedaban por presentar eran uno ampliado de la Guardia Civil dirigido a comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con los proveedores; y dos de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana. El juzgado acabó pidiendo celeridad tras diversos problemas.
Los de las intervenciones ya fueron recibidos. El de la Generalitat concluyó que las mercantiles vinculadas a Francis Puig y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas –y las cuales ascienden a los 625.721 euros–. Es decir, alrededor del 10,8%. Pero la cantidad no alcanza los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones. Teóricamente tiene que presentar un anexo.
Igualmente, quedaba pendiente el de la Guardia Civil, que ha llegado año y medio después. Una vez lo tenga todo recopilado, el juzgado deberá decidir si archiva la causa o dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral.
