La Intervención concluye que Francis Puig y sus socios recibieron 67.500 euros de forma indebida

CASTELLÓ. La Intervención de la Generalitat ha remitido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el informe pericial sobre las ayudas públicas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, y los Adell Bover. Lo ha hecho más de un año después de que le fuera requerido y a pocos días del cambio de Consell. En él concluye que las mercantiles vinculadas al empresario y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas –y las cuales ascienden a los 625.721 euros–. Es decir, alrededor del 10,8%. Además, la cantidad no alcanza los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones.

El informe a la Intervención fue solicitado por parte del juez a instancias de la Fiscalía en marzo de 2022. Su envío se ha demorado, lo que provocó que el magistrado pidiera celeridad a la Generalitat. Pero el órgano siempre adujo ausencia de documentación para completar las comprobaciones. Primero, pidió una adicional en octubre y noviembre del año pasado. Posteriormente, en enero de 2023 se celebró una reunión en el juzgado para verificar toda la que figuraba en la causa. A continuación, solicitó más información a la Conselleria de Educación, que recibió en febrero. 

El 21 de abril se volvió a celebrar otro encuentro en el juzgado, en el que éste decidió que Intervención tuviera acceso a la documentación de la Policía Judicial sobre los movimientos bancarios de las empresas investigadas para comprobar los pagos de los justificantes –y la cual recibió el pasado mayo–. En ese mismo acto, una de las mercantiles aportó la relativa a las nóminas. 

Ya con todo ello, los interventores han elaborado en poco más de un mes el informe que ahora entregan al juez. En él señalan que han analizado las diversas ayudas con la finalidad de determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas por las empresas de Francis Puig y los Adell Bover entre 2015 y 2018.

"Conviene recordar que el alcance del trabajo realizado no ha consistido en determinar la realidad material de los conceptos facturados al no disponer los interventores actuantes la evidencia ni los conocimientos técnicos adecuados para realizar semejantes valoraciones. Asimismo, tampoco ha formado parte del alcance de nuestro trabajo la detección y valoración de gastos que recibieron financiación mediante otras subvenciones al carecer de soporte documental alguno al respecto", señalan. 

Intervención recuerda que el procedimiento establecido para la aprobación de las bases reguladoras en el período objeto de investigación exigía el pronunciamiento preceptivo (no vinculante) de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, así como el informe de fiscalización previa de la Intervención Delegada en la Conselleria de Educación. Igualmente, destaca que se ha comprobado que las ayudas concedidas por el Gobierno valenciano "se han ajustado a las limitaciones establecidas por la Unión Europea en el marco de las ayudas de Estado". 

El órgano remarca también que el alcance del trabajo realizado no ha consistido en determinar la realidad material de los conceptos facturados al no disponer los interventores actuantes de la evidencia ni los conocimientos técnicos adecuados para realizar semejantes valoraciones. Tampoco, afirma, ha formado parte del alcance de su trabajo la detección y valoración de gastos que recibieron financiación mediante otras subvenciones al carecer de soporte documental alguno al respecto.

La pericial sostiene que el importe indebidamente percibido por Canal Maestrat (de los Adell Bover) asciende a 24.264,65 euros; el de Comunicacions dels Ports (administrada por Francis Puig) fue de 33.842,48 euros; y el de Mas Mut (también de este último) fue de 9.397,00 euros. 

Se da la circunstancia de que este informe forma parte de las últimas diligencias pendientes de recibir por parte del juzgado, ya que la instrucción ha finalizado tras un error procesal. Ahora sólo resta el de la Guardia Civil, tras lo cual el magistrado deberá decidir si archiva la causa o dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral.