CASTELLÓ. La antigua cúpula de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) llegó a juicio este martes por su presunta implicación en el caso de los cursos de formación por un supuesto desvío de fondos que iban dirigidos a estas acciones formativas pero que nunca llegaron a su destino. Una vista oral en la que tres empresas acusaron a la asociación empresarial de impagos por cursos de formación que impartieron y no les fueron abonados pese a que, según la fiscal, la CEC sí había percibido la subvención finalista por parte de la Generalitat Valenciana.
El que fuera secretario general de la CEC, Rafael Montero; su presidente, José Roca, y el director de Formación, José Antonio Espejo, declararon en la primera sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón, suspendida el pasado mes de noviembre, y donde los tres investigados se desentendieron de los impagos y no aclararon por qué el dinero nunca llegó a las empresas que habían prestado ese servicio. La deuda asciende, según las facturas que no se han pagado, a unos 190.000 euros.
Los tres procesados afrontan una petición de pena de prisión de cuatro años por parte de la Fiscalía, que considera que todos ellos, "de común acuerdo y con ánimo claro de obtener un beneficio patrimonial ilícito para sí o para la entidad que gestionaban, no transfirieron a las entidades prestadoras de los servicios" esos 190.000 euros, que sí habían sido transferidos de la Generalitat a la patronal autonómica valenciana Cierval y, a su vez, la parte correspondiente, a la CEC para un plan de formación.
La sesión se centró en la deuda de la patronal para con estas empresas por cursos de formación impartidos, que como reconocieron sus representantes en el juicio, todavía no se ha saldado pese a haber concluido ya el concurso de acreedores en el que se declaró la Confederación Empresarial de Castellón en 2016. Si bien es cierto que el último auto de la Audiencia Provincial conocido hace dos años también apuntaba a que empresarios habrían confeccionado "facturas falsas" de cursos que "no se iban a impartir ni habían sido incluidos como docentes" en el programa de formación de la CEC.
Los responsables de dos de las empresas denunciantes, que comparecieron como testigos, señalaron que mantenían comunicación constante y directa con el que era director de Formación, José Antonio Espejo. El relato de ambas firmas fue muy similar: la CEC no les abonó los cursos de 2011 pero sí las actividades formativas de los años posteriores, algo que les extrañó especialmente. Así, al darse esta contradicción, según explicaron, empezaron a reclamar a Espejo las cantidades adeudadas y este les dijo "que no había dinero" porque la Generalitat Valenciana no había liquidado la subvención y que "había en marcha un contencioso a punto de resolverse".
En ese sentido, y con el paso del tiempo, el responsable de Formación de la patronal daba cada vez "excusas más peregrinas", según uno de los testigos, que acabó acudiendo a consultar al servicio de empleo de la Generalitat Valenciana de entonces, el Servef, donde le informaron de que efectivamente esos fondos sí que habían sido transferidos y que por su parte "no existía deuda alguna", extremo que ha corroborado el responsable de otra de las empresas perjudicadas. Fue entonces, según este relato, cuando las acusaciones a Espejo por el engaño desembocó en una junta directiva de la CEC en 2016. Allí, aseguró uno de los testigos, el presidente de la patronal, José Roca, se mostró "enfadado" al conocer la deuda y el secretario general, Rafael Montero, mostró "una actitud guasona".
Por su parte, Espejo, acusado por las compañías de mentirles, aseguró que "no tenía contacto" directo con las empresas que contrataba la CEC para acciones formativas y que desconoce por qué no se les abonó la cantidad que reclaman, una tarea que, según dijo, habría correspondido al área de contabilidad de la patronal. En esa línea, manifestó que él no tenía autorización para operar en bancos, ni para firmar, ni competencias "sobre lo que se pagaba o no" y tampoco tenía "capacidad" para apropiarse "de nada".
Los otros dos responsables de la CEC, el presidente y el secretario general, se desentendieron por completo de los impagos El que entonces era su secretario general, Rafael Montero, aseguró que él "no tenía nada que ver" con las empresas externas que prestaban servicios de formación apuntó a Espejo como la persona que daba las órdenes de pago a estas mercantiles. Además, sostuvo que hubo un doble control sobre los cursos: primero en su ejecución, con inspecciones del Servef; y por otro, por una auditoría encargada a posteriori por la CEC a una consultora externa en la que "no se contempló ninguna irregularidad".
Sobre los 190.000 euros que sostiene la fiscal que sí que estaban en poder de la CEC, Montero dijo no saber dónde se encuentran, y aseguró que se enteró de la deuda en 2016 cuando las empresas pidieron una reunión con la junta directiva, momento en el que firmó un reconocimiento de deuda.
Por su parte, Roca indicó que tampoco conocía esta deuda y que él "no sabía nada de la formación", para señalar también a Espejo y su departamento. Estuvo igualmente de acuerdo en firmar un reconocimiento de deuda en esa junta de 2016 al ponerse de manifiesto por las empresas la deuda, algo que hizo porque se "lo aconsejaron Montero y Espejo"; ha asegurado además que su dimisión, que llegó poco después de esa junta, no se produjo por estos hechos.