Imagen de los acusados del 'caso Alquería'. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Y aún seguimos discutiendo quién ha hecho los contratos". La frase fue pronunciada el pasado martes por la magistrada de la sección primera de la Audiencia de Valencia que preside el juicio del conocido como caso Alquería. Una afirmación que da cuenta del desarrollo de la vista.
El juicio se centra en siete contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, entre 2015 y 2018. El instructor y la Fiscalía creen que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. Motivo por el que los delitos a los que se apunta son los de prevaricación y malversación.
La vista arrancó el 19 de septiembre, y hasta el momento han declarado todos los acusados –los cuales únicamente respondieron a las preguntas de sus defensas, por lo que la Fiscalía no pudo interrogarlos– y 4 de los testigos principales. Y la conclusión por ahora, tal como expresó la presidenta de la Sala, es que nadie ha asumido la responsabilidad sobre los contratos bajo sospecha.
La investigación de los hechos dejó claras dos tesis por parte de juez y fiscal. Una, que la orden vino dada por el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Y dos, que los contratos fueron firmados por los entonces gerentes Josep Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).
El instructor habló, en este sentido, de un supuesto "plan preconcebido" por Rodríguez y su equipo más cercano (el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda –al que denominó como "presunto director de facto" de la empresa pública– y dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart. Todos ellos, sostuvo, de manera premeditada y concertada "desde la primera reunión del nuevo equipo de gobierno nacido de las elecciones de 2015", prepararon nombramientos de altos directivos ficticios "obedeciendo no precisamente a criterios empresariales".
La cuestión que deja en el aire el juicio por el momento es quién tiene la responsabilidad de los famosos contratos. Nadie la ha asumido. De hecho, las declaraciones de los acusados han ido dirigidas a que fueron los técnicos los que marcaron los criterios de la contratación. Los técnicos, por su parte, y como testigos, han cargado las decisiones en los políticos.
El primero fue Jorge Rodríguez, quien durante su declaración se desvinculó de la presunta ilegalidad. Negó que quisieran colocar a gente de los partidos, remarcó que "nadie insinuó" que los contratos "pudiesen suponer una irregularidad administrativa" e insistió en que actuaron "con todo el asesoramiento jurídico" del que disponían. No tuvo conocimiento, aseguró, de la mayoría de informes contrarios a los contratos, puesto que cuando se firmaron era sabedor de los favorables. Y al aparecer uno contrario que entraba en conflicto con el resto, explicó que le pidieron al jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera, que se pronunciara. Éste, recordó, no habló entonces claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección.
En el mismo sentido se pronunció su equipo más cercano. Ricard Gallego señaló que nunca tuvo competencias para decidir sobre la contratación de personal, que no intervino en nada relacionado con ella ni dio órdenes e instrucciones al respecto. "No teníamos necesidad de hacer nada más que lo que recomendaran los técnicos", dijo. Jorge Cuerda indicó que realizó un informe favorable a las contrataciones a dedo de altos directivos porque no vio "ningún inconveniente desde el punto de vista legal". Mientras, Manuel Reguart comentó que se le trasladó un sistema de reparto de áreas en la empresa muy similar al acuerdo de gobierno inicial y que no hubo irregularidades.
Por su parte, los gerentes de la empresa, además de rechazar que el criterio fuera la afinidad política, apuntaron a José Luis Vera como el responsable de la modalidad de las contrataciones de alta dirección y de su viabilidad.
Las declaraciones de los testigos fueron en otro sentido. Los denunciantes del caso, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, aseguraron que recibieron presiones y órdenes por parte de los gerentes para que les ayudaran a "disfrazar la contratación de los altos cargos porque el presidente lo necesitaba". Según su testimonio, por tanto, fue Rodríguez quien dio la orden de contratar a siete personas ("me dijeron que ya tenía los nombres y apellidos", comentó uno de ellos) y Jorge Cuerda quien apuntó a que las haría "legales".
El exresponsable de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, fue en la misma línea. Remarcó que los técnicos tenían que "dar legalidad" a las contrataciones porque "eran ilegales" y que trasladaron que las cosas no se hacían así, "pero no había intención por parte de la gerencia en solucionarlo". Hizo hincapié del mismo modo en las presiones para hacer los contratos y en que la orden de todo venía del expresidente de la Diputación.
Una de las declaraciones más relevantes hasta el momento ha sido la de Vera, al cual todos los acusados señalaron. Éste se desvinculó de las contrataciones e indicó que no participó en ellas. Expuso, asimismo, con especial hincapié en que los acusados pueden mentir y él no, que todo les venía impuesto a los gerentes "de arriba", en referencia, por parte del PSPV, a Jorge Rodríguez y, por parte de Compromís, o a "la vicepresidenta (Maria Josep Amigó) o la secretaria general".
Después de casi una veintena de interrogatorios, nadie se ha querido responsabilizar de las contrataciones de manera directa. Ni de la orden, ni de la manera de realizaras y, ni mucho menos, de cubrirlas.
