Imagen de una de las sesiones del juicio del 'caso Alquería'. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El desarrollo del juicio del caso Alquería está dejando una inicial conclusión en la estrategia de los principales acusados que apunta en la misma dirección: José Luis Vera. La causa se centra en siete contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra entre 2015 y 2018 que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. En ese momento, Vera era jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. Según todos los investigados que han declarado hasta la fecha, nunca advirtió de que podía existir algún problema al respecto.
La manera de señalarlo a él resulta relevante. Vera, cercano históricamente a los socialistas, fue nombrado en ese puesto en 2015 a propuesta del ex número tres del PSPV José Manuel Orengo. En aquel momento, este último —muy cercano a Ximo Puig— era vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos y jefe de Gabinete del entonces presidente de la Diputación. Orengo también nombró al primer gerente de Divalterra, Josep Ramon Tíller. Tanto él como Vera formaban parte de su equipo de asesores cuando era alcalde de Gandia.
Vera pasó a ser un colaborador importante para la Fiscalía durante la instrucción de Alquería, aunque en un informe de junio de 2016 no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. En ese documento, opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantuvieran como tales hasta que se determinara su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra"; dos, y como alternativa, "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado" .
Ya con la investigación judicial en marcha, relató ante el juez cómo tuvo conocimiento del proyecto de nombramiento de siete altos directivos, "distribuyéndolos en dos grupos según los partidos de gobierno de la Diputación: tres del PSOE y cuatro de Compromís". Y que los dos gerentes de entonces "debían aceptar a esas personas según su partido, pues venían impuestas por el propio presidente" (Jorge Rodríguez). En este momento, el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sitúa a Vera en el centro del caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas en varias administraciones. Los investigadores lo señalan como supuesto conseguidor a cambio de comisiones entre el empresario considerado cabecilla, Jaime Febrer, y algunos alcaldes.
Este dibujo de quién es el exjefe jurídico de Divalterra resulta de importancia para comprender su papel en Alquería. Uno de los grandes interrogantes en el juicio que se celebra es, precisamente, qué papel tendrá. En las próximas semanas habrá de declarar como testigo, pero su testimonio como colaborador de la Fiscalía no parece fácilmente sostenible mientras permanece como uno de los principales acusados en otra causa de supuesta corrupción.
Lo ocurrido en torno a él parece que ha puesto de acuerdo a todos los acusados. Las declaraciones descargan en Vera la responsabilidad de las contrataciones en Divalterra. Sin excepción, pues el mismo Tíller, pese a haber trabajado junto a él y Orengo en Gandia, supo destacar este miércoles durante el juicio que le comentó verbalmente que las contrataciones podían realizarse con la nueva clasificación de la empresa.
El nombre de Vera apareció en numerosas ocasiones en las respuestas del expresidente de la Diputación durante el interrogatorio de su letrada el pasado lunes. "Fue José Manuel Orengo quien me recomendó su contratación, yo no le conocía de nada. Habían trabajado juntos en Gandia (municipio del que Orengo fue alcalde). Me dijo que Vera había sido magistrado sustituto de la Audiencia Provincial, que había trabajado en causas importantes de corrupción, que daba clases en la universidad, que conocía las empresas públicas, había sido director general... Vera, por su parte, me dijo que tenía buena relación con el fiscal del caso Taula –el mismo que el de Alquería y Azud, Pablo Ponce–. Me lo dijo en un correo electrónico de octubre de 2016 que sorprendentemente no ha sido seleccionado por la UDEF. Viene a decirme en ese correo que se había reunido con Ponce y que no iba a oponerse a la personación en Taula", destacó Jorge Rodríguez.
Señaló igualmente que cuando accedió a la corporación provincial ignoraba las diferencias entre contratos laborales y de alta dirección puesto que no tenía grandes conocimientos sobre la administración pública. El concepto, indicó, se lo escuchó por primera vez a Vera. "Nadie insinuó que los contratos pudiesen suponer una irregularidad administrativa. Actuamos con todo el asesoramiento jurídico del que disponíamos", aseguró Rodríguez. El cual manifestó también que no tuvo conocimiento de la mayoría de informes contrarios a los contratos, puesto que cuando se firmaron era sabedor de los favorables. En el momento en el que supo que había uno que era contrario y entraba en conflicto con el resto, apuntó, le pidieron a José Luis Vera que se pronunciara. Éste, recordó, no habló entonces claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que la investigación considera ilegales.
Algo similar ocurrió con el equipo más cercano al expresidente de la Diputación: el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y dos asesores de la corporación provincial, Ricard Gallego y Manuel Reguart. Los investigadores sostienen que todos ellos llevaron a cabo un plan preconcebido junto a Rodríguez –al tratarse de las personas más cercanas– para colocar a gente afín a los dos partidos políticos en los puestos de dirección. Además de negar esta tesis, el nombre de Vera apareció de nuevo en sus interrogatorios y comentaron que de las contrataciones se encargaba el departamentos jurídico.
Los gerentes de Divalterra mantuvieron esta misma línea ayer miércoles. Agustina Brines (Compromís) destacó que el motivo por el que se eligió ese tipo de contrato de alta dirección era porque se trataba "del más beneficioso para la empresa" debido a que "se podía despedir sin justificación y en ese momento no sabíamos si la empresa iba a continuar o no". "Nadie nos dijo que eran ilegales, ni siquiera el despacho externo que redactó los contratos", añadió. Tampoco Vera: "Él no puso ningún reparo".
Tíller (PSPV), por su parte, apuntó que la primera vez que se encontró con un contrato de alta dirección fue el que firmó él y quien le habló de ellos fue el jefe jurídico "porque eran los menos gravosos para la empresa". "El señor Vera es el que me explica los informes y me comenta verbalmente que las contrataciones de los directivos se podían hacer con la nueva clasificación de la empresa, que él ya había informado a la Diputación de clasificar la empresa. Yo estaba absolutamente convencido de que eso estaba bien". señaló. Ahora habrá que esperar a su declaración como testigo.
