CASTELLÓ. La licitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Castelló entra en una fase de stand-by. Al menos, así se desprende de la ralentización sufrida desde mayo. Más de dos meses y medio después de valorar la Mesa de Contratación las plicas con las recomendaciones técnicas de las dos postulantes, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Telecso-Becsa y la mercantil Pavasal, sigue sin conocerse el resultado de la baremación de las propuestas económicas. La suma de ambos criterios resulta esencial con vistas a determinar la adjudicataria del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 8,3 millones de euros (más 1,7 millones de euros por el IVA) y un plazo de ejecución de 25 meses.
El pliego con las prescripciones técnicas y administrativas apareció en la plataforma estatal el 28 de abril. La publicación marcó el inicio del plazo de casi 30 días para la presentación de ofertas. Únicamente mostraron intereses las citadas concurrentes. Apenas una semana después se abrieron los sobres con la documentación administrativa y los aspectos basados en juicios de valor.
Tanto la UTE como la mercantil garantizan mejoras respecto a las condiciones iniciales que plantea el contrato. Telecso-Becsa valora en 224.895,78 euros sus propuestas, que consisten en inspecciones de colectores con cámara TV y georradar, proteger las raíces de los árboles, mayoración de la sección de firmes, reciclado de los áridos de demolición, pavimento fotocatalítico y asfalto fonoabsorbente. Por su parte, Pavasal cuantifica en 225.421,65 euros sus aportaciones, que recogen, entre otros, dispositivos de control de calidad ambiental, pasos peatonales inteligentes, sensores de detección de ocupación de plazas, radares pedagógicos, indicadores de mensajería variable y paneles informativos del número de estacionamientos libres.
El 25 de mayo toda la información se remitió a los técnicos municipales para su correspondiente estudio y valoración, como así figura en el historial del expediente en la citada web de contratación. Desde entonces, no ha habido ninguna novedad.
Por el contrario, sí que se han producido avances con el estudio de movilidad, cuyo concurso público está en marcha desde el pasado 5 de agosto. El contrato, valorado en algo más de 2 millones de euros, va ligado al de la ZBE. De hecho, ayuda a definir e implantar la supermanzana. Además de incluir un diagnóstico preliminar acerca del parque móvil, determina el número y ubicación de las de videocámaras para vigilar los accesos y salidas. Asimismo, establece una red de sensores que permita realizar de forma periódica un control sobre la contaminación acústica y la calidad del aire.
La Zona de Bajas Emisiones ocupa una extensión de 750.000 metros cuadrados y afecta a una población cercana a los 23.000 habitantes. En una primera fase, se proyectan cambios en las rondas Mijares y Magdalena, la plaza Columbretes, las avenidas Gobernador y Casalduch y las calles Orfebre Santalínea, Cerdán de Tallada, San Roque, Sanahuja, Guitarrista Tárrega y Lepanto.
Por la complejidad del centro y su área de influencia, la almendra prevé al menos siete peatonalizaciones distintas en función de las características de cada punto. Dependiendo de la anchura del vial (un mínimo de 5,10 metros y un máximo de 16 metros), las alternativas van desde calles exclusivamente reservadas para el viandante hasta arterias mixtas, en las que la circulación de automóviles se limita a los vecinos, privilegiando en todo momento los espacios ajardinados, las acercas y los carriles bici.