CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló da otro paso más para implantar la Zona de Bajas Emisiones. Lo hace con la licitación del estudio de movilidad por 2.032.800 euros tras el acuerdo adoptado este jueves por la Junta de Gobierno Local. La prestación va más allá de analizar el flujo de tráfico, ya que determina las necesidades de estacionamiento adicional (aparcamientos disuasorios) y define los nuevos puntos para colocar videocámaras de control.
La ejecución del servicio, con un plazo máximo de 16 meses, está sujeta a la adecuación de la supermanzana de 745.000 metros cuadrados, que comprende desde la calle Cerdan de Tallada con Gobernador, avenida Casalduch hasta la altura de la calle Orfebre Santa Línea para alcanzar la ronda Mijares y Magdalena. Dicho de otra forma, primero deben acometerse las obras de la almendra, con un presupuesto de 8,3 millones de euros, para después instalar la monitorización, similar a la que funciona actualmente en el centro.
En este sentido, la Mesa de Contratación analiza desde mayo las plicas con las propuestas económicas de las dos únicas concurrentes, la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Becsa y Telecso y la mercantil Pavasal. Ambas ofrecen distintas mejoras respecto a las soluciones planteadas para remodelar las calles y plazas. De acuerdo con la memoria del proyecto, existen hasta siete modalidades distintas de peatonalización en función de las características de las vías (ancho de calzada, circulación, etcétera).
Al tratarse de una actuación cofinanciada con fondos Next Generation, los plazos son muy estrictos. Según establece Bruselas, la ejecución debe arrancar durante el primer semestre de 2023 para concluir antes del 31 de diciembre de ese mismo año en una primera fase. Durante 2024 se contempla la culminación de la supermanzana (o plataforma Modal 1) conforme a lo que determinan las anualidades, con los importantes más elevados (4.057.333,89 euros) para los dos próximos ejercicios.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones se trata de una exigencia de Europa en el cumplimiento de la ley de cambio climático. La normativa, adaptada al territorio nacional, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear áreas donde se prime al peatón con una reducción considerable de emisiones contaminantes. De hecho, supone uno de los grandes objetivos del proyecto. Otros son la limitación de la circulación de vehículos, el aumento del espacio urbano verde y la potenciación de la movilidad personal y el transporte público.
Para la oposición, la creación de la ZBE constituye un perjuicio para los residentes y los comerciantes. Desde que trascendió la actuación el pasado mes de marzo, la porfía sobre este asunto forma parte de la agenda política, siendo especialmente visible en los plenos del Ayuntamiento de Castelló.
La supermanzana afecta a 6.500 viviendas del centro con una población cercana a los 23.000 personas. Muchos inmuebles, por su antigüedad (50 años o más), carecen de parkings privados. Las limitaciones de espacio en el exterior obligan a habilitar 4.320 plazas en aparcamientos disuasorios.