La comisión que investiga la sala de la Policía Local seguirá 'confinada' más allá del estado de alarma

CASTELLÓ. La comisión que investiga la sala de Seguridad y Emergencias permanece confinada por la covid-19. Y así seguirá más allá del estado de alarma. A pesar de la desescalada iniciada por el Ayuntamiento de Castelló a raíz de la Fase 3, la fiscalización de los contratos de suministro de la Policía Local en los últimos ocho años no prevé su reactivación a corto plazo. Al menos, así lo interpreta la presidencia, en poder de Ciudadanos, ante la indefinición administrativa.

El motivo de ese estancamiento tiene que ver con la imposibilidad de restituir las reuniones presenciales. La alternativa de utilizar los medios telemáticos contraviene la ley de protección de datos, que prohíbe la circulación de documentación de terceros, y además considerada sensible, a través de canales en la red. En consecuencia, la única opción para reanudar la actividad auditora pasa irremediablemente por recuperar los encuentros de carácter asistencial, algo que no se vislumbra en el horizonte, habida cuenta las recomendaciones sanitarias.

La última convocatoria de la comisión de investigación se produjo el 6 de marzo, apenas unos días antes de estallar la crisis sanitaria por el coronavirus. Hasta ese momento, los representantes de los seis grupos municipales habían celebrado siete cónclaves, ocho si se contabiliza la inicial de carácter constitutivo el 30 de octubre de 2019.

Papeles y más papeles

Hasta la interrupción de la fiscalización de la sala de la Policía Local, el número de expedientes motivo de revisión ascendía a siete: tres contratos menores (de mochilas, chalecos y linternas), uno de suministro de 93 chalecos antibalas, otro de 110, el de la plataforma multiagencia y el del equipamiento integral. Un sinfín de informes, con sumarios de más de 3.000 folios.

El ingente papeleo enredó todavía más la auditoria al reclamar unos y otros documentación complementaria. De hecho, sin haberse completado el análisis sobre el primer contrato se saltó a los siguientes. El entrecruzamiento de expedientes disparó la crispación. Tanto que el PSPV y PP allanaron el camino para abrir un nuevo frente político. 

Así, los populares elevaron sus sospechas sobre la adjudicataria del suministro del denominado Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 (CIMSE), mientras que los socialistas pusieron de manifiesto el mal estado de la propia sala en 2015, cuando accedieron al gobierno municipal tras desbancar a la derecha.

En efecto, la comisión de investigación se convirtió en un auténtico culebrón, cuyo próximo capítulo resulta un enigma por la nueva normalidad de la pandemia. Esa incógnita hace pensar que la fiscalización ocupará gran parte de la legislatura, superando los dos años y medio de la auditoria de fiestas, que al final no tuvo ninguna consecuencia penal ni tampoco política.