CASTELLÓ. La covid-19 saca a relucir las debilidades del Plan 135 de Obras y Servicios de la Diputación de Castellón. Ante el inédito escenario que se vislumbra en la provincia, con una aguda crisis en todos los ámbitos, las bases impulsadas para 2020 requieren de un nuevo reajuste, algo en lo que están de acuerdo los cuatro partidos que componen la corporación (PSPV, PP, Compromís y Ciudadanos).
Así se desprende de las intervenciones de sus portavoces en el pleno de este martes durante el debate para aprobar la convocatoria anual, cuyo presupuesto supera los 12,3 millones de euros, de los que poco más de 9 millones de euros se derivan a infraestructuras y el resto, a gasto corriente.
Sin embargo, otra conclusión que se extrae de esas mismas alocuciones es que la modificación de criterios, siempre en sintonía con el cambio de necesidades, marca el enésimo desafío de la mesa de diálogo por el coronavirus. Equipo de gobierno, compuesto por socialistas y valencianistas, y la oposición (populares y naranjas), transitan por caminos distintos pese a que ansían cruzar la misma línea de meta.
Domingo Vicent (Cs) cree necesario aplicar un "desdoblamiento", con dos partidas bien definidas: una destinada a acciones "plurianuales y flexibles" y otra reservada "a gasto social". Vicent Sales, del PP, también apuesta por reflexionar, pero "sobre el incremento de la inversión de obras para preservar puestos de trabajo de un sector que sufre la crisis. Incluso, habría que estudiar un segundo plan".
En el otro lado se sitúan el PSPV y Compromís que, estando de acuerdo con el fondo del asunto, abogan por impeler reglas diferentes, garantizando a los municipios los servicios básicos. En este sentido, el representante valencianista, Ignasi Garcia, se muestra más ambicioso que su socio, Ximo Huguet, y defiende lo que define "la obra verde o de carácter sostenible" con el propósito de "ir dinamizando la economía, ya que sectores como el turismo tendrán que pasar también por un periodo de adaptación. Hay que repensar la configuración".
Las condiciones del Plan 135 sufrieron una ostensible modificación con la salida del Partido Popular del ejecutivo provincial y la irrupción del bloque de izquierdas tras las municipales de 2019. Así, entre las variaciones vigentes en la actualidad se incorpora la posibilidad de cada municipio pueda destinar hasta el 50% de la cantidad asignada a gasto corriente. Además, se disminuye un 30% el importe comprometido a las ocho localidades de más de 20.000 habitantes, así como se aplica una rebaja del 2,2% en las ayudas a las 12 poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes.
De esta forma, se privilegia a 65 municipios de la provincia con menos de 500 habitantes. En concreto, los 18 pueblos con una población inferior a los 100 empadronados, que obtienen un mínimo de 10.000 euros más que en el ejercicio anterior, al pasar de 50.000 a 60.000 euros como base inicial. Por su parte, los 47 pueblos de entre 101 y 500 residentes reciben 5.000 euros más, de 65.000 a 70.000 euros como mínimo.
Esos criterios incluidos en las bases de 2020 deberán ser nuevamente revisados para sucesivas convocatorias a consecuencia de la pandemia.
