CASTELLÓ. El cambio climático, el incremento de costes por la Guerra de Ucrania y la competencia de terceros países con precios más baratos han situado al campo en una situación insostenible. La crisis se prolonga desde hace años, pero en este ejercicio han coincidido condiciones que se han convertido en la tormenta perfecta. Los problemas se dan en diversos países de la Unión Europea. Así, productores, cooperativas y operadores valencianos, al albur de las protestas en Francia y Bruselas, han sellado una alianza y han convocado nuevas movilizaciones. En Castelló habrá una protesta el 15 de febrero en el puerto, a la que hay que añadir la concentración prevista este 7 de febrero por la Unió Llauradora contra las importaciones de cítricos de Egipto.
La ola de movilizaciones ha sido convocada de forma unitaria por AVA-Asaja, la Unió Llauradora i Ramadera, Asaja Alicante, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, así como del Comité de Gestión de Cítricos, que integra a los operadores comerciales.
De esta manera, el sector agrario une fuerzas para potenciar sus reivindicaciones ante las diferentes Administraciones. Reclama especialmente revisión de los tratados de libre comercio con países que compiten con normativa más laxa a nivel laboral, ambiental y fitosanitario, más margen en la aplicación del Pacto Verde Europeo, y acciones para afrontar el cambio climático.
Esta unidad de acción ha fijado una primera fase de movilizaciones en la provincia de Alicante (12 de febrero), el puerto de Castelló (15 de febrero) y el puerto de Valéncia (22 de febrero). En función de las reacciones de las instituciones, las entidades agrarias no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas.
Al mismo tiempo, reclaman reuniones con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y los subdelegados del Gobierno, por un lado; y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los consellers de Agricultura, José Luis Aguirre, y de Medio Ambiente, Salomé Pradas, por otro.
Las organizaciones agrarias y cooperativas valencianas alertan de que "la crisis de rentabilidad" de los agricultores y ganaderos "está acelerando el abandono de campos, provoca el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos a los consumidores".
Los productores reivindican reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor y reducción de la burocracia derivada de las políticas agrarias, especialmente a las pequeñas explotaciones; así como una flexibilización del cuaderno digital de explotación.
También reclaman mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático; evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas y el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas. Además, piden un plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; una política y planificación hidrológica, soluciones al problema de falta de ayudas para paliar la sequía y que el Ministerio y Enesa acometan cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta.
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) --la patronal nacional que aglutina a los operadores privados y cuyos asociados canalizan en torno al 70% del comercio en fresco de este cultivo- apoya las movilizaciones anunciadas en la Comunitat Valenciana, así las que se están convocando en el resto de zonas citrícolas (en Andalucía, Murcia y Cataluña) para los próximos días y semanas.