La Diputación, condenada a pagar 360.000 euros a un bombero por un expediente de Luis Rubio

CASTELLÓ. Primer contratiempo judicial heredado de anteriores mandatos para la nueva presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina (PP), que se suma al "despilfarro de remanentes" del gobierno del PSPV y Compromís. La institución provincial ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a pagar casi 360.000 euros a un bombero por un expediente disciplinario iniciado en la última etapa del popular Luis Rubio como diputado responsable del área.

En concreto, la sentencia castiga a la entidad supramunicipal a abonar al funcionario 324.453,66 euros en concepto de indemnización, más otros 33.000 euros por la Seguridad Social. Para hacer frente a la reparación económica, el Consorcio Provincial de Bomberos aprobó este martes, en su asamblea, una modificación presupuestaria a través de suplemento de créditos. Al tratarse de un fallo firme, tras desestimarse el recurso de apelación, la liquidación del importe deberá realizarse antes de concluir el año.

Conflicto iniciado en 2012

Hay que retroceder hasta la primera presidencia de Javier Moliner, entre 2011 y 2015, para entender mejor el caso. En 2012, Rubio decidió abrir un procedimiento sancionador contra el bombero, a instancias de un dictamen firmado por el jefe de la sección Forestal, Fernando Kindelán. En el informe, se acusaba al empleado público de haber cometido una falta muy grave y tres graves en el ejercicio de sus funciones. Como consecuencia, se proponía una suspensión de tres años y 9 meses, en el caso de la primera infracción, y de tres meses por cada una de las siguientes. La apertura del expediente significó, además, la reubicación del denunciado.

A partir de ese instante, el procedimiento administrativo pasó por diferentes etapas. A cada resolución favorable del bombero la Diputación respondió con un recurso, de manera que litigio acabó en el TSJCV. Durante ese tiempo, el funcionario siempre permaneció en un puesto distinto al de su plaza original.

Una gestión polémica en la Diputación

Rubio, alcalde de Villahermosa del Río desde 1991 y amigo personal de Carlos Fabra, permaneció en la institución supramunicipal 20 años, entre 1995 y 2019, con el inciso de la legislatura 2003-2007. La controversia caracterizó su gestión como coordinador de área del Consorcio Provincial de Bomberos. En 2016, la Fiscalía le investigó tras adjudicarse ocho acciones del capital social de la empresa municipal Pellet de Villahermosa SL.

Más reciente en el tiempo (principios de 2021), y centrado solo en su actividad como primer munícipe, Rubio volvió a ser el foco de la atención mediática tras saltarse el protocolo covid para vacunarse sin ser grupo de riesgo. Lo hizo en calidad de administrador de la residencia de mayores. El PSPV solicitó su dimisión y la porfía terminó en los tribunales.