CASTELLÓ (EP). El pleno de la Diputación correspondiente al mes de agosto ha procedido a la aprobación de una declaración institucional apoyada por todos los grupos y leída por el presidente, José Martí, en la que se insta al Gobierno de España a declarar Zona Gravemente afectada por Emergencias de Protección Civil a los municipios más afectados por los episodios meteorológicos ocurridos en durante el verano, especialmente Benicàssim, Vinaròs y Cálig.
En el texto también se solicita una línea de ayudas o actuaciones directas del Gobierno de España y la Generalitat para estos municipios, así como ayudas fiscales en el IBI de las parcelas cultivadas y las construcciones ligadas a las mismas.
El texto hace referencia a los daños causados por la fuerte granizada del 31 de julio en Benicarló, Cálig, Peñíscola, Vinaròs, Almassora, Castelló, Vila-real y Borriana. Por último, se insta a la concesión de ayudas urgentes por parte de la propia Diputación a los municipios que registraron los daños materiales más importantes.
El presidente ha procedido igualmente a la lectura de una segunda declaración institucional consensuada por todos los grupos en la que se pide al Gobierno de España que ponga en marcha medidas para eliminar la deuda que las entidades locales han contraído con la Hacienda Pública de manera automática por la liquidación negativa de la participación en los ingresos del Estado correspondientes al año 2020, a causa de la pandemia de la Covid-19.
Si finalmente este decisión no se llevara a efecto, el texto propone que el Gobierno aplace dos años la devolución de la deuda y posibilite el pago de la misma en 120 mensualidades -diez años-, ampliables a 120 si existieren problemas de liquidez.
Otro punto de consenso entre todos los grupos ha sido la aprobación de una moción presentada por el Grupo Popular y enmendada por los socios de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís, en la que se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a acometer una modificación de la Ley de Costas que contemple la consideración de núcleos urbanos con especiales valores etnológicos a aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales, como el de Torre la Sal u otras, que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados.
Esta consideración será acreditada por los ayuntamientos concernidos. Los núcleos urbanos, añade el texto, serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde, por lo que pasarán a regirse por el régimen de los terrenos incluidos en la zona de servidumbre de protección. La moción recoge además que la Diputación de Castellón prestará asesoramiento jurídico a los municipios afectados y velará por estas construcciones.
También ha habido acuerdo plenario para aprobación de una moción presentada por el principal grupo de la oposición y enmendada por la mayoría de Partido Socialista y Compromís, en la que se solicita que la Diputación inste a la Generalitat a que interceda para la firma de los convenios necesarios con los clubes de cazadores para que estos puedan actuar de forma legal y eficiente en la gestión de especies cinegéticas, así como colaborar con medios técnicos, humanos y económicos para el control de la superpoblación de especies, fundamentalmente de conejo y jabalí.
En la enmienda presentada por el equipo de gobierno también se insta a trabajar con los cotos y la federación de caza a reforzar la función de conservación medioambiental y al apoyo con medidas de carácter técnico y económico que eviten el abandono de cultivos que puedan ocasionar un mayor descontrol de especies cinegéticas.
El pleno ha dado luz verde a la propuesta del equipo de gobierno para la aprobación de dos convenios con la Conselleria de Educación para la financiación del complejo socioeducativo de Penyeta Roja, en los que se señala que será la Generalitat la que, en el marco de sus competencias, se hará cargo de la mayor parte de la financiación de los centros, mientras que la institución provincial asumirá la gestión.
La aportación del gobierno autonómico será de 3 millones de euros, de los que 1,9 millones serán para el mantenimiento de las cuatro unidades de primaria y las ocho de secundaria del Centro de Tecnificación Deportiva, y 1,1 millones de euros para sufragar las nueve unidades existentes en el Centro de Educación Especial ubicado en el complejo. De esta forma, queda garantizado que la enseñanza se seguirá impartiendo de forma totalmente gratuita en ambos centros.
Al comienzo de la sesión, el presidente Martí ha solicitado la celebración de un minuto de silencio en recuerdo de las dos personas fallecidas en el derrumbe de un edificio en Peñíscola durante el verano, en señal de duelo por los fallecimientos registrados por la Covid-19 y como respetuoso homenaje al asesor de Compromís en la Diputación, Joan Antoni Ginés, fallecido de forma repentina durante el periodo vacacional.
El presidente ha agradecido al Consorcio Provincial de Bomberos la labor desarrollada en julio y agosto para hacer frente a las emergencias causadas por el aludido derrumbe, así como por los incendios e inundaciones.
La sesión plenaria se ha interrumpido a las 13.00 horas para que las personas participantes y asistentes pudieran bajar a la plaza de les Aules a secundar el minuto de silencio convocado con motivo del último asesinato machista ocurrido en la Vila-Joiosa.
