Imagen de archivo del pleno de julio.CASTELLÓ. El PSPV-PSOE y Compromís mostrarán algunas de las líneas básicas de su nuevo modelo de gestión para la Diputación de Castellón a partir de septiembre. La elaboración de los presupuestos de 2020 cogerá 'velocidad de crucero' con el arranque del nuevo curso político. La reincorporación de la totalidad de los integrantes del equipo de gobierno, muchos de los cuales llevan desde julio fiscalizando sus áreas para establecer un diagnóstico de partida, permitirá profundizar en aquellas prioridades programáticas que condicionen y marquen, como ejes fundamentales, las cuentas del próximo ejercicio.
No se tratará de romper con el pasado a propósito de campañas como #Repoblem o 'Castelló Ruta del Sabor', por ejemplo, sino de mejorarlas con acciones más ecuánimes y eficaces. En definitiva, ajustarse a la realidad coyuntural de la provincia, con un escenario muy diferente al que había hasta las elecciones municipales del 26M.
En estos meses, los esfuerzos del bipartito se han centrado, por un lado, en acometer una revisión interna de los puestos de trabajo para aumentar la eficiencia administrativa, habida cuenta las cortapisas detectadas en ciertos departamentos por las prácticas congénitas de la etapa de Carlos Fabra.
Por otro lado, se han ido tapando agujeros heredados del Partido Popular. Aunque se intuía, el bipartito se ha encontrado con más contratos firmados por el anterior equipo de gobierno de lo que cabría desear. Algunos, incluso, de larga duración, de manera que la capacidad de maniobra se ha visto ostensiblemente constreñida para lo que queda de año.
Prueba de ello es que desde Intervención se prevé que la Diputación concluirá 2019 incumpliendo la estabilidad financiera como consecuencia de un desequilibrio de 4,9 millones en los presupuestos. Esa asimetría provocará que se sobrepase en 16,7 millones de euros la regla del gasto, como denunciaron el PSPV y Compromís a principios de mes.
Ante esta situación, hubo que tramitar una modificación contable para activar dos planes, no contemplados, relacionados con la eficiencia energética y sistemas de depuración.
El bipartito advirtió entonces que si el PP hubiese realizado esa ampliación presupuestaria en los primeros meses del año, los remanentes existentes de 23 millones de euros habrían planteado la posibilidad de aprobar una segunda edición del Plan 135.
