CASTELLÓ. La Diputación de Castellón da otro paso en la implantación de su pionero plan energético. Dentro de los tres ejes del programa, ultima la elaboración de una nueva licitación para el suministro eléctrico tras haber tomado la decisión de no ejecutar la prórroga de un año del megacontrato de 2023, adjudicado a Iberdrola a finales de 2022 por 41 millones de euros.
La medida de apostar por un nuevo concurso público reside en la voluntad de la presidenta de la institución supramunicipal, Marta Barrachina, de facilitar a los 120 municipios adheridos al acuerdo marco de la central de compras precios más competitivos. Es lo que se conoce como tarifas indexadas.
Según explican fuentes de la Diputación, se establece que el costo de la electricidad para el contratante estará directamente vinculado a los precios que se determinen en el mercado mayorista de energía eléctrica (pool eléctrico). En este esquema contractual, la cantidad abonada por la luz variará conforme a las condiciones del mercado en tiempo real mediante la aplicación de una fórmula que fija la relación y ajuste directo entre las tarifas y los parámetros del mercado. Un modelo que permite una adecuada adaptación de los valores conforme a las condiciones fluctuantes del mismo.
La institución provincial prestará asistencia técnica en la gestión de la contratación de los suministros eléctricos a todas las entidades de la central de compras. Para ello, se contará con un software de análisis y gestión de los perfiles energéticos, optimización administrativa de las tarifas y potencias contratadas, verificación de consumo y precios aplicados por las distribuidoras o comercializadoras. De esta forma, se podrá comparar el consumo esperado y facturado con el real a fin de detectar robos de energía, disfuncionamiento de sistemas de medición, etcétera.
Los datos recogidos en el proceso de recopilación de consumos, ahorros y resultados analíticos serán entregados a la plataforma SmartVillages Dipcas que, a su vez, permitirá la evaluación de la sostenibilidad energética municipal. Con ello, se podrá evaluar su desempeño energético a lo largo del tiempo y las emisiones de CO2 asociadas.
Otra ventaja de impeler un megacontrato con precios indexados estriba en la concurrencia empresarial. A diferencia de lo ocurrido en 2022, la Diputación volverá a sacar el servicio dividido por lotes, de manera que podrán optar más mercantiles a la prestación. En 2020, se licitaron hasta siete paquetes distintos (número de tarifas eléctricas), de acuerdo con las necesidades de los municipios y los puntos de suministro. Esa fragmentación posibilitó la participación de cuatro compañías distintas.
Hace algo menos de un año, la institución supramunicipal promovió su última licitación para el suministro eléctrico de la central de compras. Con un valor estimado de 82 millones de euros (41+41 de la prórroga), solo concurrió Iberdrola. Y es que la crisis energética condicionó la presentación de ofertas.