La crisis energética afecta al megacontrato eléctrico de la Diputación: solo se presenta Iberdrola

CASTELLÓ. La crisis energética afecta al megacontrato eléctrico de la Diputación de Castellón, cuyo presupuesto asciende a 41 millones de euros para un año, aunque el valor estimado supera los 81 millones al incluir una prórroga de 12 meses. A diferencia de las últimas licitaciones, en esta ocasión solo concurre una empresa. Se trata de Iberdrola Clientes SAU, que se postula como la adjudicataria tras haber admitido la Mesa de Contratación su documentación.

En 2020, cuando la entidad supramunicipal impelió el anterior suministro (24 millones de euros por dos ejercicios), participaron las principales compañías del sector. Además de la mentada Iberdrola, Endesa Energía y Gas Natural presentaron ofertas. La castellonense Electra Energía SA también se sumó a la puja para lograr alguno de los siete lotes de la prestación.

Sin división en lotes

Al margen de la falta de licitadores, otra consecuencia de la actual coyuntura, acentuada por la inflación, reside en que el abastecimiento no se fracciona en función de la idiosincrasia de cada comarca. El expediente engloba a las 121 entidades adheridas al convenio marco de la central de compras, esto es, la propia Diputación y 120 municipios. Los puntos de suministro alcanzan la cifra de 3.552 y el consumo a contratar se sitúa en 63.288.436,21 kWh.

Sin la división en lotes, la Diputación se blinda frente a episodios como el vivido el pasado mes de febrero, cuando Electra Energía renunció a su paquete por el encarecimiento de la luz. Hasta 39 pueblos del interior se vieron perjudicados por la decisión. Tanto es así que su gasto eléctrico se disparó, hasta cuadriplicarse el precio de las facturas.

La institución provincial trató de reaccionar con la tramitación de una nueva licitación. Sin embargo, la complejidad técnica por la fluctuación de las tarifas impidió finalmente sacar el concurso público. Ese "desamparo" provocó las críticas del PPCS, que reclamó "compensaciones" para las localidades afectadas. Una reivindicación que trasladó al reciente pleno para aprobar el presupuesto de 2023.

Exigencias para la adjudicataria

A Iberdrola, como futura adjudicataria, se le exige acreditar tanto la solvencia técnica como económica. Asimismo, en el pliego de cláusulas administrativas se privilegia el coste de la energía, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

La estimación económica anual según los importes se establece de la siguiente manera: para 2.0TD, 15.060.811,28 euros; para 3.0TD, 23.006.795,20 euros; y para 6.1TD, 3.098.473,81 euros. La concesionaria puede incluir una mejora de precios voluntaria en el caso de que la cotización descienda a lo largo de la vida del contrato.