La firma que anuló el chequeo a 1.200 funcionarios municipales se lleva el servicio casi 2 años después

CASTELLÓ. La misma empresa que paralizó en octubre de 2020 el chequeo de los más de 1.200 funcionarios del Ayuntamiento de Castelló (y sus organismos autónomos) logra ahora la prestación del servicio, que se prolonga por periodo de un año con un presupuesto de 125.000 euros. Daleph Iniciativas y Organización SA se lleva el gato al agua después de haber obtenido la máxima puntuación entre las seis finalistas en la licitación. La mercantil catalana, con 85 puntos, se impone por un escaso margen de diferencia a Nutco (83,66 puntos) y Rodríguez Viñals SL (80,75).

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, la Junta de Gobierno Local debe avalar el resultado para firmar el contrato y, como consecuencia, iniciarse el análisis de los puestos de trabajo. Ese estudio resulta especialmente importante para el funcionamiento de la administración local por un doble motivo. En primer lugar, porque se pretende mejorar la eficacia de los distintos departamentos con una modernización y reestructuración de las competencias. Y en segundo lugar, porque se busca adaptar la plantilla de empleados públicos al organigrama del equipo de gobierno, más fraccionado que en anteriores legislaturas por la existencia de tres partidos políticos (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), que conforman lo que se conoce como el Acord de Fadrell. 

En efecto, la aspiración inicial del ejecutivo local radicaba en completar esa actualización funcionarial durante el primer año de mandato para así garantizar su línea programática en los siguientes (hasta 2023).

Sin embargo, a las pocas semanas de impeler el expediente vio cómo Daleph, una de las concurrentes, interponía un recurso ante el Tribunal Administrativo Central (TAC). La mercantil denunciaba que el criterio académico recogido en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas se caracterizaba por su desproporcionalidad, lo que restringía la competencia. En concreto, alertaba sobre su parcialidad por entender que se formulaba de manera un tanto subjetiva y que, además, no se ajustaba al objeto de la presentación del servicio. 

La mercantil, en su amplia exposición de motivos, consideró que la norma para puntuar los méritos formativos carecía de "proporcionalidad", por lo que insistió en la idea de su naturaleza "discriminatoria". "Indudablemente, puede servir para favorecer a determinados licitadores en perjuicio de otros", agregó.

Retrotraer el procedimiento

La reclamación se formalizó a finales de octubre de 2020 (el 28 cuando la Junta de Gobierno había aprobado el día 8 el concurso público), con lo que el TAC suspendió cautelarmente el procedimiento a la espera de emitir una resolución definitiva. Ese fallo se hizo público el 19 de febrero de 2021. El TAC estimó parcialmente la alegación de la empresa, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de las bases. Esa vuelta a empezar significó modificar varias cláusulas vinculadas a la financiación, duración y el contenido de los criterios de adjudicación.

El 3 de mayo de ese mismo año el Ayuntamiento publicó de nuevo la licitación, con los pliegos sustancialmente modificados. En total, se presentaron ocho concurrentes. Desde entonces, la Mesa de Contratación ha ido valorando las propuestas con la apertura de las plicas administrativas, técnicas y económicas. En aquellas susceptibles de baremación, las dos últimas, Daleph siempre ha ido por delante del resto con la calificación más alta, hasta que el pasado 8 de abril de 2022 se elevó una propuesta de concesión.