CASTELLÓ. Valora Energía Empresa de Servicios Energéticos, la compañía sobre la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidió los expedientes a la Autoridad Portuaria de Castellón, en una operación avanzada por Castellón Plaza, es una empresa fantasma. Este apelativo se aplica a las sociedades sin activos propios ni operaciones comerciales conocidas... y la castellonense lo es.
La firma, sobre la que la UCO investiga, al menos, el contrato por el que cobró 21.780 euros de PortCastelló en los años 2012 y 2013, no experimentó ninguna actividad de 2017 a 2020, los últimos cuatro años en que ha presentado sus cuentas en el Registro Mercantil de Castellón, tal y como reconocen sus propios administradores en los documentos presentados. De hecho, es más que probable que su actividad sea nula a lo largo de sus once años y medio de vida.
Desde que se constituyó el 23 de agosto de 2010, tan solo figura una inscripción en el Registro Mercantil castellonense, la de su constitución. Ni un solo cambio accionarial, ni de administradores, ni siquiera de estatutos u objeto social, en más de una década. Y, al menos en su pasado más reciente, no ha tenido ningún empleado.
Hasta 2016 no registró cuentas ante la autoridad mercantil, tal y como consta en la información que esta publica. Es decir, cuando cobró de la Autoridad Portuaria de Castellón no presentó esta información al registro. Y, como se ha dicho, en las anualidades en que ha presentado las cuentas, estas no recogen ni ingresos, ni gastos, ni mucho menos beneficios o pérdidas. "Resultado cero. Sin actividad", es el resumen que sus dos administradores hacen de la firma en las cuentas presentadas.
Rogelio Pérez Barja y Severino Ramos Aparici son los administradores mancomunados de Valora Energía. El primero es un ingeniero industrial madrileño, propietario de una consultora que lleva por nombre sus dos apellidos y que tiene por clientes a un gran número de empresas y administraciones, en ambos casos con algunas denominaciones relevantes. El segundo es un ejecutivo castellonense que ha ostentado cargos en numerosas sociedades, entre ellas varias ramas del grupo Aguas de Valencia. Actualmente conserva algún pequeño cargo.
Este último fue además director general de ATControl, una compañía castellonense que alzó unas instalaciones ostentosas en el número 171 de la avenida Hermanos Bou. Desde hace años están abandonadas. Y es precisamente en ellas donde tiene el domicilio social Valora Energía. Todo un indicador de la actividad de esta sociedad.
De esta manera, y aunque en el objeto social de Valora Energía consta que se dedica a "la prestación de servicios energéticos y de mejora de la eficiencia energética en instalaciones", no parece que sus administradores se esfuercen demasiado en ello. De hecho, sus cuentas recogen en los últimos años las mismas y escasas inscripciones, con 1.855,09 euros de patrimonio neto.
Esta compañía es, junto a Elecnor -sobre la que la jueza de Instrucción nº8 de València pidió los contratos con tres ayuntamientos de la provincia (Nules, la Vilavella y Alcalà de Xivert)- la compañía que actualmente se investiga en Castellón en virtud del caso Erial, por el que están imputados Eduardo Zaplana y Fernando Castelló, entre otros. Habrá que ver en qué queda la investigación cuando la magistrada termine la instrucción, que se prolongará al menos medio año más.