La moratoria en el control del gasto salvará de los 'hombres de negro' a 17 municipios de Castellón

CASTELLÓ. El anuncio de suspender las reglas fiscales vigentes para todas las administraciones públicas durante este año y 2021, que ha efectuado este miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afectará a 17 ayuntamientos de la provincia de Castellón. Todos ellos incumplieron el pasado año el techo de gasto fijado por el Gobierno, lo que les impedía en este ejercicio y en el próximo 2021 usar los remanentes y les obligaba a recortar gastos.

Como ya informó Castellón Plaza a finales de agosto, el Ministerio de Hacienda fijó su atención en las cuentas de un total de siete consistorios de Castellón: en concreto La Vilavella, Sant Mateu, Jérica, La Llosa, Sorita, Onda y Herbés.

A esos municipios iban a sumarse en breve otros diez: Almenara, Les Alqueries, Tales, Montán, Zucaina, Barracas, Aín, Pina de Montalgrao, Castillo de Villamalefa y Pavías. Todos ellos iban a ver imposibilitado durante 2021 el uso del dinero que tienen en los bancos para que no volvieran a incurrir en déficit de gasto. Sin embargo, se daba la paradoja de que la mayoría de esos consistorios apenas están endeudados. El Gobierno permitirá ahora que los ayuntamientos de Castellón vuelvan a abrir la mano en el gasto en 2021 tras comunicar la Comisión Europea que extiende un ejercicio más la moratoria en el sometimiento de las cuentas públicas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

Municipio a municipio

En esta nueva remesa de diez consistorios cuyas cuentas iban a ser intervenidas por el Gobierno, Barracas era el que más desfase presentó entre ingresos y gastos en 2019, en concreto 464.687 euros. El consistorio iba a tener la obligación de recortar gastos en 2021 por un importe de 29.149 euros ya que está completamente saneado.

En el caso de Les Alqueries el desequilibrio contable ascendió a 392.251 euros en 2019. El Ejecutivo central iba a obligar al gobierno municipal que preside la socialista Esther Lara a recortar el gasto en 450.000 euros en 2021 a pesar de que el único préstamo pendiente de amortizar es de baja cuantía con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Almenara también iba a estar en breve en la misma tesitura ya que su partida de gastos se desvió en 237.423 euros en 2019. En este caso, la causa fue un excesivo incremento en el gasto en personal municipal. El consistorio tenía previsto aprobar un nuevo presupuesto de alrededor de 6,6 millones de euros, algo más austero que el actual, con un notable recorte del capítulo inversor para reequilibrar las cuentas sin tener que incrementar los impuestos. La deuda bancaria de Almenara ronda en la actualidad el millón de euros.

El último ejemplo de ayuntamiento que se librará del control económico del Gobierno es Tales, cuyo gasto se desbordó en 47.861 euros en 2019 por la ejecución varias inversiones no presupuestadas, entre ellas el asfaltado de la plaza Pairo y de la calle Gloria Agraz. Al verse liberado de aplicar el plan de control financiero en 2021, el consistorio ya no tendrá que recortar gastos. La deuda de Tales era de apenas 10.218 euros a finales del pasado año.