CASTELLÓ. La rectificada ordenanza de ocupación de vía pública sobre sillas y mesas, que blinda los bares con terraza, tiene visos de entrar en vigor a partir de este verano. Al menos, esa es la pretensión de la Concejalía de Actividad del Ayuntamiento de la capital de la Plana, que maneja un calendario sobre la aprobación definitiva de la normativa después de haber concluido la primera consulta pública. A pesar de que se esperaba una retahíla de alegaciones, especialmente bajo el sello de los principales colectivos del sector, como la Asociación Hostelera de Castelló (Ashocas) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur), lo cierto es que los técnicos solo tienen encima de la mesa 9 recursos, sin que ninguno de ellos revista excesiva complejidad.
Las objeciones corresponden a la Gestora de Gaiatas y a la Federación de Collas, que únicamente plantean correcciones de tipo formal. Al no cuestionarse el fondo del articulado, la resolución de los escritos debería concretarse a lo largo de la presente semana (durante la próxima, como muy tarde). Esto quiere decir que el equipo de gobierno estaría en disposición de presentar la reglamentación en el pleno ordinario de mayo con vistas a su aceptación provisional.
Así lo espera el propio concejal del área, Jorge Ribes, quien recuerda que para que la ordenanza se convierta en una realidad todavía habrá que impulsar una segunda exposición al público de 30 días y, posteriormente, exponer el documento final a la corporación para su ratificación en una nueva sesión plenaria. En efecto, si salen las cuentas del ejecutivo local, entre julio y agosto la normativa ya tendría validez.
Los empresarios del sector llevan meses aguardando a que el Ayuntamiento apruebe los cambios en la reglamentación para proteger sus negocios frente a las restricciones que marcan otras legislaciones de ámbito superior, en función de parámetros como la contaminación acústica, por ejemplo. En este caso concreto, la declaración de un espacio como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) implica la reducción de horarios, así como del número de mobiliario en el exterior.
Los matices que introduce la ordenanza afectan a la ocupación de vía pública, cuyas limitaciones se recogen en el artículo 10. En el punto 1 se señala que "la instalación de mesas y sillas y otros elementos auxiliares se autorizará en proporción a las dimensiones o superficie del local, resultando como máximo del 100% [...]". De acuerdo con ese enunciado, muchos negocios con barras ínfimas en el interior, como sucede en la plaza Santa Clara, apenas pueden montar terrazas, máxime si están obligados a acatar las medidas correctoras por la aplicación de un precepto autonómico o estatal.
Sin embargo, la reglamentación que plantea ahora el Ayuntamiento introduce una singularidad que ampara los establecimientos de la hostelería. En ese mismo artículo 10 se incorpora como gran novedad un segundo apartado en el que, en esencia, se indica que "respecto a la reducida extensión de numerosos locales, sobre todo en el casco histórico, de manera excepcional y siempre que el técnico competente lo considere, de manera motivada, podrá eximirse del cumplimiento de la limitación establecida".
Esa particularidad en relación a la ordenanza resulta extensible a todos los bares, independientemente de su ubicación dentro del término municipal. De ahí que el sector tenga depositadas muchas esperanzas en esta normativa que, tras la primera consulta pública, comienza a completar etapas.