CASTELLÓ. La mercantil Urbanización Golf Sant Gregori estima que la firma del acta de replanteo del Plan de Actuación Integrada por parte del Ayuntamiento de Burriana se podría formalizar durante este mes de julio, lo que representará un ligero retraso con respecto a las previsiones iniciales. Esta actuación, que en un principio se preveía para junio, permitirá iniciar los trabajos preliminares topográficos y de urbanización del sector de 2,5 millones de metros cuadrados con el derribo de todas las construcciones y viviendas ya inhabitadas.
La empresa promotora -controlada por la sociedad Highend Real Estate- logró su restitución como agente urbanizador el pasado 9 de mayo. De forma previa, la promotora del macroproyecto, que contempla alrededor de 6.000 viviendas en Burriana, había desembolsado 5,4 millones de euros en avales para garantizar ante el Ayuntamiento la ejecución del plan.
En concreto, según han explicado a Castellón Plaza fuentes de la empresa promotora, 3 millones corresponden a la garantía hipotecaria del campo de golf y los restantes 2,4 millones a los avales exigidos en el reciente acuerdo transaccional en garantías para los propietarios de terrenos. A esa cantidad se le suman los 8.647.220 euros incautados años atrás a Bankia y que ahora han sido convertidos en metálico.
En una primera fase, que podría comenzar en septiembre, la sociedad impulsora del PAI pretende alzar de 200 a 500 viviendas para analizar la aceptación comercial de las mismas. Además de los inmuebles de alto standing, los promotores pretenden construir tres hoteles (ya ha recabado el interés de dos grandes cadenas hoteleras, señalan fuentes de la empresa) en los 2,5 millones de metros cuadrados de que consta el PAI. También deberán resolverse algunos reparos técnicos que la Dirección General de Costas ha planteado al proyecto de regeneración del litoral.
Los trabajos de urbanización costarán globalmente unos 85 millones de euros, se ejecutarán totalmente en unos tres años y serán sufragados por las cuotas de los propietarios. Las obras se adjudicarán a través de un concurso público cuyos pliegos de condiciones están redactando desde la Universitat Politècnica de València por encargo de la promotora para dotar de "transparencia" al proceso.
