CASTELLÓN (EFE). Un informe de la Sindicatura de Comptes sobre los gastos de personal del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de 2017 refleja "incumplimientos" y constatan "un desequilibrio económico-financiero" porque no se realizan las funciones esenciales de control interno para comprobar que la actividad económica se realiza dentro de la legalidad.
El informe, hecho público este martes por la Sindicatura, afirma que se ha observado "determinados incumplimientos en los procedimientos" que "ponen en cuestión la eficacia de su sistema de control interno y que afectan a la fiabilidad de la información recogida en las cuentas anuales".
También recoge que el personal del centro "está reclamando por vía judicial el pago del complemento de productividad, pero el Consorcio no ha elaborado una estimación económica de los posibles pasivos o contingencias que puedan derivarse de estos conflictos".
Asimismo la Sindicatura afirma que el contenido informativo de la memoria sobre los gastos de personal es "insuficiente" sobre determinados aspectos importantes.
En este sentido señala que el Consorcio "ha aprobado ciertas modificaciones de sus estatutos y de la relación de puestos de trabajo para adaptarlos a la normativa aplicable, que están pendientes de ratificación por la Generalitat" y por otra parte, "la normativa aplicable determina que el Consorcio solo tiene autonomía para seleccionar su personal laboral, puesto que la provisión de puestos de funcionarios y estatutarios debe realizarse con personal de las entidades consorciadas".
En esta situación, explica el informe, "el Consorcio está cubriendo sus necesidades de personal utilizando sistemas de provisión temporal que resultan ineficientes e ineficaces para resolver necesidades urgentes a tiempo real".
También se recoge que en el ejercicio 2013 el Consorcio alcanzó un acuerdo con la Seguridad Social para aplazar el pago de las cuotas de dicho año en vencimientos mensuales hasta el mes de julio de 2018, pero la contabilización de este aplazamiento "no ha sido adecuada".
Como resultado del control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2017, la Sindicatura destaca que dichas cuentas "reflejan un desequilibrio económico-financiero, motivado por las pérdidas continuadas derivadas de la recurrente insuficiencia financiera y presupuestaria para hacer frente a los gastos de su actividad".
En cuanto a las conclusiones sobre otros requisitos legales y reglamentarios, la Sindicatura destaca que "no se llevan a cabo las funciones esenciales de control interno dirigidas a comprobar que la actividad económica del Consorcio se realiza de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión financiera".
Al respecto, en 2016 el Consorcio solicitó a la Conselleria de Sanidad Universal que la Intervención General de la Generalitat estableciera dicho control.
El informe recoge también que durante 2017 el Consorcio ha pagado varios complementos salariales que no están contemplados en las tablas retributivas ni en el convenio colectivo y que en la revisión de una muestra de contrataciones del ejercicio 2017 se ha observado, entre otros aspectos, que "no consta en todos los casos que la Conselleria de Hacienda y Función Pública haya autorizado la contratación temporal".
Por ello, el informe incluye una serie de recomendaciones como que el Consejo de Gobierno del Consorcio adopte, junto a la Diputación de Castellón y la Generalitat, medidas para que "la plantilla y la relación de puestos de trabajo sean instrumentos válidos para la gestión económica, eficiente y eficaz de sus recursos humanos, evitando el elevado volumen de contrataciones temporales que se realiza cada año".
Pide también que se analicen los informes de Recursos Humanos relativos al contexto jurídico y que contienen como alternativas "la laboralización de la plantilla o la disolución del Consorcio y su integración en la Conselleria de Sanidad"
