Momentos previos a la votación para adherirse al código de la FEMP en el último pleno. Fotos: Antonio PradasCASTELLÓ. La tramitación burocrática retiene el nuevo Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castelló. Un mes después de derogar el Acord de Fadrell el antiguo reglamento para adherirse al régimen disciplinario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el procedimiento administrativo para aplicar la renovada norma todavía sigue en marcha.
El portal de transparencia municipal muestra activo el ordenamiento de 2006, endurecido en 2015 para tratar los casos de corrupción. A pesar de que matiza que "existe y se pública el código ético o de buen gobierno del Ayuntamiento (preferentemente adaptado al nuevo aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP)", al clicar sobre el enlace redirige a un apartado en el que aparece el pdf del citado reglamento del anterior mandato.
Según la publicación del Boletín de la Provincia (BOP), con fecha 23 de enero para dar cuenta de la revocación, resulta preceptivo que el consistorio, en su página web, actualice el régimen disciplinario y, además, le dé publicidad.
Del mismo modo, en la obligación quinta, se subraya la necesidad de notificar el acuerdo a la FEMP con el propósito de que lo incorpore en su listado de entidades locales anexionadas. Sin embargo, en la relación de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, no aparece el consistorio de la capital de la Plana.
La corporación castellonense avaló la supresión del código ético de 2006 en el último pleno de 2019, celebrado el 19 de diciembre. La mayoría del PSPV, Compromís y Podem-EUPV, con sus 15 concejales, se impuso a la oposición, cuyos 12 ediles (PP, Ciudadanos y Vox) rechazaron la adhesión al código de la FEMP.
El cambio de régimen disciplinario estuvo envuelto en la polémica durante las semanas previas a la votación. Una propuesta de Cs, planteando asumir el reglamento del Botànic, rompió la armonía en el seno del Fadrell, ya que la coalición nacionalista consideró más integradora la anexión al texto autonómico. No obstante, por lealtad institucional terminó alineándose con sus socios para evitar una crisis que sí se dio en la sesión plenaria con la moción sobre fiestas presentada por la derecha.
