CASTELLÓ. El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó va a recibir 295.500 euros de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comunicación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Numerosos consistorios han solicitado esta subvención, pero finalmente, la Comisión de evaluación, tras debatir todos los proyectos ha decidido destinar las ayudas a los 62 mejores proyectos, entre los que se encuentra el del Ayuntamiento de la Vall.
El objetivo de esta ayuda es financiar el desarrollo de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador o de sostenibilidad, así como de mejora de equipamientos del sector comercial, entre los que se encuentran proyectos de transformación digital del comercio callejero, para la mejora de la eficiencia energética, instalación de puntos de entrega inteligentes, obras destinadas a la mejora de instalaciones, su accesibilidad y equipamiento, entre otros.
El Ayuntamiento podrá subcontratar hasta el 100% del proyecto, asimismo las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones previstas en el art.29 de las bases reguladoras, entre la que se encuentra la “obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación”.
A tenor de lo anterior, Unive Abogados -firma jurídica que presta asesoramiento en el Ayuntamiento de la Vall denota la importancia de que tanto el propio Ayuntamiento como las empresas que suscriban contratos públicos con el consistorio deberán contar con un “Plan de medidas antifraude”, con base en las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que expresan que toda entidad del sector público que participe como perceptor de fondos en la ejecución del PRTR en el marco de los Fondos Europeos Next Generation de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar y declarar que los fondos se han destinado a lo previsto de conformidad con las normas aplicables, y que se dispone de “medidas concretas para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”. El Plan antifraude debe ser público y estará a disposición de los ciudadanos.
