CASTELLÓ. La nueva adjudicataria de la Oficina Municipal de Recaudación no estará obligada a subrogar al personal. El Tribunal Administrativo Central (TAC) inadmite el recurso de UGT "al haber sido interpuesto extemporáneamente", según el fallo. El sindicato había solicitado garantizar la continuidad de los 20 empleados, aproximadamente, con la inclusión de una cláusula en el pliego que obligará a la concesionaria a mantener a los trabajadores.
Con la resolución del TAC, el Ayuntamiento de Castelló reactiva la licitación tras la suspensión decretada a raíz de la reclamación interpuesta por UGT en agosto. Dos empresas se disputan el contrato, cuyo valor estimado asciende a 3,9 millones de euros si se contabiliza la prórroga de un año (1.993.010,01 euros por anualidad). Se trata de Servicios de Colaboración Integral (SIC) y Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI).
La primera mercantil realiza actualmente la prestación a pesar de que su concesión finalizó en 2016. Sin embargo, para garantizar que el servicio funcione con normalidad, asume la gestión de recaudación fuera de contrato. Lo hace mediante el pago por parte del consistorio de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs). No son más que facturas que se abonan mensualmente al no existir una adjudicación. Otra particularidad es que para su aprobación resulta preceptiva el visto bueno de la corporación en el pleno.
Una vez que el TAC levanta la suspensión y permite reanudar el concurso pública, la Mesa de Contratación tiene que analizar las plicas presentadas por las concurrentes con los criterios técnicos y económicos. En principio, no se esperan más imprevistos en forma de recursos, por lo que la resolución final a propósito de la concesionaria no debería demorarse demasiado en el tiempo.
La oficina, ubicada en la calle Gobernador, tiene una especial importancia para los ciudadanos, ya que centraliza las principales contribuciones locales. Por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el gravamen de vehículos o la tasa de basura. Cualquier operación relativa a un fraccionamiento o abono de una deuda se realiza en esta sede. De igual modo, atiende y soluciona los cambios de titularidad y domiciliación bancaria.
El Ayuntamiento de Castelló inició la licitación en abril con la publicación del primer pliego en la plataforma de Contratación. En mayo, el TAC estimó la impugnación realizada por la firma Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr), que denunció "trato de favor" hacia la citada SIC. En concreto, advirtió de la imposibilidad de participar en igualdad de condiciones en vista de que las cláusulas referidas a los conocimientos informáticos del personal coincidían con el programa que utiliza SIC desde hace años.
Al final, el Tribunal Administrativo dio la razón a Getyr y obligó a retrotraer el procedimiento a la redacción de las bases, eliminando esos artículos. Reanudado el concurso, la segunda reclamación (en este caso, a cargo de UGT) obligó a decretar una nueva interrupción hasta llegar la situación actual