CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló blinda la Oficina de Recaudación Municipal hasta agosto de 2025. Para garantizar el servicio sin que suponga un sobrecoste, se ejecuta la prórroga de un año que figura en el contrato, lo que evita el riesgo de tener que pagar lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs) en el supuesto de que al vencimiento (agosto de 2024) se hubiese decidido no aplicar esa cláusula de ampliación. Con la medida, además de esquivar las facturas imprevistas, se gana tiempo para diseñar un expediente con una duración mayor y que incluso facilite a la concesionaria introducir mejoras respecto a la prestación.
La ejecución de la citada prórroga, acordada este lunes en comisión, debe ser ratificada este jueves por la Junta de Gobierno Local. El dictamen de aprobación implica consignar una cantidad de 1.689.253,14 euros con cargo a los presupuestos de 2024 y de 2025. Para este año, la suma alcanza los 492.225,65 euros. Para el siguiente, el importe asciende a 1.197.027,76 euros. Así se establece en el informe del negociado de Contratación.
La empresa Servicios de Colaboración Integral (SCI) tutela la Oficina de Recaudación desde hace más de una década. Sin embargo, durante siete años, aproximadamente, realizó la prestación fuera de contrato. En concreto, entre 2016 y 2023. Esa situación derivó en el abono por parte del consistorio de incontables Recs, lo que desencadenó en muchas críticas de la oposición, especialmente desde el Partido Popular, ahora socio mayoritario del gobierno.
En efecto, en los distintos debates plenarios el PP se comprometió a regularizar la asistencia en el caso de recuperar al alcaldía, lo que sucedió tras las elecciones del 28M. Ya entonces la nueva licitación estaba en marcha. Su resolución con una propuesta de adjudicación se produjo en abril después de un tortuoso camino con hasta dos recursos especiales ante el Tribunal Administrativo Central.
Las reclamaciones ralentizaron durante un año el procedimiento y, de alguna manera, dejaron obsoleto el pliego en cuanto a la duración (1+1) y las condiciones. De ahí que el Partido Popular anunciara, nada más constituirse el ejecutivo local, su intención de trabajar en un expediente más actualizado y longevo.
Ahora, con la aprobación de la prórroga, el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para impeler un contrato adecuado a las necesidades actuales, que además permita a la adjudicataria invertir en el servicio. La idea estriba en aumentar la eficacia administrativa en beneficio de los contribuyentes.
Y es que las dependencias de la calle Gobernador tienen una especial importancia para los ciudadanos, ya que centralizan las principales gravámenes municipales. Entre ellos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de vehículos o la tasa de basura. Cualquier operación para fraccionar los recibos o abonar una deuda se realiza en esta oficina. Asimismo, atiende y soluciona los cambios de titularidad y domiciliación bancaria.
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