La Oficina de Recaudación, otra patata caliente del Fadrell: sin fecha para regularizar el contrato

CASTELLÓ. La Oficina Municipal de Recaudación se ha convertido en otra patata caliente para el Acord de Fadrell en esta recta final del año. La regularización del contrato sigue sin concretarse pese a que la licitación se encuentra en marcha desde hace más de medio año. En concreto, desde el pasado mes de abril. Los dos recursos presentados durante este tiempo, uno de la empresa Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr) y otro de UGT, han terminado por lastrar el curso público.

Tanto es así que los plazos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas sobre la financiación plurianual difícilmente se van a cumplir.  Al menos, el que se refiere a 2022, ya que se contempla una partida de 120.538,33 euros (excluidos impuestos), correspondiente a dos meses del importe fijo (del 1 de noviembre al 31 de diciembre).

Después de que el Tribunal Administrativo Central (TAC) inadmitiera a finales de octubre el escrito del sindicato, en el que solicitaba la subrogación del personal, la licitación atraviesa un compás de espera. Formalizadas dos ofertas y abiertos los sobres con los criterios técnicos, la Mesa de Contratación está a la espera de recibir el informe de baremación para avanzar con el proceso. Servicios de Colaboración Integral (SIC), antigua concesionaria, y Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) se disputan la prestación. 

Centralizar la recaudación

El contrato tiene un valor estimado de 3.504.112,41 euros (sin IVA), con una duración mínima de un año y máxima de dos, toda vez que recoge una prórroga de 12 meses. El servicio resulta especialmente importante, más allá de su normalización, ya que se trata de gestionar la oficina donde se centralizan las principales contribuciones locales. Por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el gravamen de vehículos o la tasa de basura. Cualquier operación a propósito de un fraccionamiento o abono de una deuda se realiza en este departamento. De igual modo, atiende y soluciona los cambios de titularidad y domiciliación bancaria.

El servicio está sin regularizar por contrato desde 2016, cuando venció la última concesión a SIC. Desde entonces, la mercantil sigue asumiendo la recaudación pero mediante el pago por parte del consistorio de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs). No son más que facturas que se abonan mensualmente al no existir una adjudicación. Otra particularidad es que para su aprobación resulta preceptiva la aquiescencia de la corporación en el pleno.

Inicio del expediente

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló autorizó la licitación el 13 de abril. Apenas seis días después el anuncio apareció en la mentada plataforma de Contratación para abrir el plazo de formalización de propuestas. Sin embargo, un mes más tarde la tramitación sufrió el primer revés con la paralización por la existencia de un recurso, el de Getyr, que denunció "trató de favor" hacia SIC. El TAC dio la razón a la demandante y obligó al consistorio a retrotraer el procedimiento a la redacción de las bases.

Tras las correspondientes modificaciones, el equipo de gobierno lanzó nuevamente el expediente en agosto. En esta ocasión, UGT reclamó la cancelación con un recurso, en el que advirtió sobre la desprotección de los trabajadores al no incluirse la subrogación en las distintas cláusulas. La reclamación frenó el concurso público, hasta que a finales de octubre el Tribunal Administrativo ordenó su reactivación por segunda vez.