El Fadrell 'revive' la Oficina de Recaudación 6 meses después: la anterior concesionaria apunta a seguir

CASTELLÓ. El Acord de Fadrell resucita la licitación para regularizar el contrato de la Oficina de Recaudación Municipal, caducado desde 2016, cuando expiró la concesión de Servicios de Colaboración Integral (SCI). Seis meses después de que el Tribunal Administrativo Central (TAC) levantara la suspensión del procedimiento al desestimar el segundo recurso, el Ayuntamiento de Castelló reanuda ahora el concurso público con el propósito de adjudicar el servicio antes de las elecciones del 28M.

Sin ir más lejos, la baremación del sobre B con los criterios técnicos deja a la citada empresa SCI como única concurrente. La otra postulante, Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), ha sido excluida al no llegar a la calificación mínima de 21,5 puntos. Esto significa que la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación no debe demorarse en exceso, en vista de que, además, en su última reunión, procedió a abrir la plica con los aspectos técnicos para realizar la correspondiente evaluación.

Nuevos RECs por 450.000 euros

La normalización de la asistencia, con un nuevo contrato, pondrá fin al pago de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC). Desde hace siete años, el consistorio viene abonando cantidades adicionales para garantizar la prestación, un desembolso que debe someterse al filtro de la corporación en el pleno. Por ejemplo, en el extraordinario de este viernes para aprobar una modificación de crédito de 17 millones, pasan cuatro facturas que abarcan el periodo entre el 1 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, cuyo importe total ronda los 450.000 euros.

El Fadrell inició el nuevo expediente a mediados de abril de 2022. Sin embargo, un mes después, una de las participantes en la licitación, Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr), elevó el primer recurso ante el TAC para plantear la cancelación del procedimiento por el incumplimiento de los principios de "tratamiento no discriminatorio". Asimismo, la mercantil denunció "trato de favor" hacia SCI. El órgano administrativo dio la razón a la denunciante y obligó al Ayuntamiento a retrotraer la tramitación a la fase de redacción de los pliegos para modificar algunas cláusulas.

En agosto, el equipo de gobierno impelió el segundo concurso público pero de nuevo, a las pocas semanas, una reclamación (la segunda) interrumpió el proceso administrativo. En esta ocasión, la Unión General de Trabajadores (UGT), a través de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), solicitó la anulación al considerar que el contrato debía incluir la subrogación del personal.

El TAC despejó al Ayuntamiento el camino en octubre

El TAC decretó la suspensión cautelar en septiembre hasta resolver el recurso especial. A finales de octubre, la plataforma de Contratación público el fallo en el que se desestimaba la petición del sindicato. A partir de ese momento, el Ayuntamiento tenía vía libre para reactivar la licitación. No obstante, ha sido ahora, seis meses después, cuando el ejecutivo local ha reanudado el expediente.

El contrato de la Oficina de Recaudación Municipal tiene un valor estimado de 1,9 millones de euros. Al contemplar una prórroga de 12 meses, la cifra estimada asciende a 3,5 millones de euros. Entre las contribuciones objeto de la prestación destacan el IBI, la tasa de basuras y el impuesto de circulación. De igual forma, el servicio contempla el cobro de multas y de cualquier recurso que constituya fuente de financiación para la Hacienda Local.